Investigan a concejala por usar licencias de médico fallecido
La Fiscalía de O’Higgins indaga a Thae Loiza por presentar once certificados con el timbre de un doctor que murió en 2019, con el fin de justificar ausencias a concejos y seguir recibiendo su sueldo completo.
Loiza tiene 32 años y cumple su tercer período como concejala / Foto: INSTAGRAM
Thae Loiza, concejala de Graneros y militante del PPD, está siendo investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins tras ser denunciada por entregar licencias médicas falsas.
Según los antecedentes, habría presentado al menos once documentos con la firma de un médico que falleció hace cinco años, lo que le habría permitido justificar inasistencias y cobrar su sueldo íntegro.
De acuerdo con el alcalde Marcelo Mañañir, al revisar los archivos municipales se detectó un patrón repetitivo en las licencias entregadas por Loiza. “Notamos al menos 11 certificados con una dinámica similar. Había diferencias en las firmas, y ciertas líneas evidenciaban el uso de imágenes superpuestas sobre otras”, señaló la autoridad comunal a medios locales.
Delitos que arriesga y cómo operó el presunto fraude
La investigación señala que, si bien la concejala efectivamente fue atendida por el médico en 2018, habría utilizado un antiguo certificado como plantilla para emitir documentos posteriores, todos con el timbre y firma del profesional que falleció en Rancagua en 2019.
El fiscal jefe Javier von Bischoffshausen detalló que Loiza está siendo acusada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude de remuneraciones. El presunto objetivo de estas maniobras habría sido evitar participar en concejos municipales sin dejar de percibir sus ingresos.
Concejala evita declarar y anuncia que emitirá comunicado
Consultada por Red O’Higgins, la aludida evitó referirse a los hechos. “Omitiré todo tipo de comentarios, es lo único que puedo decir”, sostuvo. También anunció que entregará una declaración formal en los próximos días.
El caso ha generado críticas en la comuna y revive el debate sobre el control en el uso de licencias médicas en el ámbito público, especialmente cuando afectan la labor de representantes electos. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias.
