Ex procurador condenado por crimen en dictadura sigue prófugo
La PDI mantiene operativo de búsqueda para detener a Sergio Chiffelle Kirby, ex procurador de la Corte de Santiago, condenado a 15 años y un día por el homicidio de Marcelo Barrios Andrade en dictadura.
Sergio Patricio Esteban Chiffelle Kirby, abogado y capitán en retiro de la Armada, fue condenado por el homicidio de Marcelo Barrios Andrade en 1989, uno de los últimos crímenes políticos del período dictatorial. La Corte Suprema confirmó la sentencia de 15 años y un día de presidio el 9 de septiembre. Tres días después, la PDI emitió alerta por fuga, dando inicio a una operación de búsqueda que supera el medio centenar de jornadas sin resultados oficiales.
Chiffelle desarrolló una extensa trayectoria en el Poder Judicial. Ingresó como procurador en 1996 y continuó vinculado a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Corte Suprema durante casi dos décadas, hasta que fue suspendido en 2024 mientras avanzaba el proceso penal en su contra.
Investigación y operativo policial
Fuentes vinculadas a la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos confirman que el seguimiento y rastreo está siendo ejecutado por un equipo especializado con dedicación exclusiva.
No se han entregado detalles operativos para no entorpecer la localización. El Ministerio Público mantiene la causa vigente como caso prioritario por tratarse de un crimen de connotación histórica y de reparación de memoria.
Antecedentes del caso
En 1989, Chiffelle tenía rango de capitán de corbeta en la Infantería de Marina y encabezó una unidad que recibió la orden de detener a Marcelo Barrios Andrade, joven militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
La investigación judicial concluyó que el operativo derivó en ejecución directa, sin posibilidad de defensa para la víctima. La Armada difundió en aquel momento una versión que atribuía la muerte a un enfrentamiento y otorgó reconocimiento interno al oficial.
El asesinato de Barrios Andrade fue identificado por organismos de derechos humanos como uno de los últimos crímenes políticos previos al retorno democrático. La causa se transformó en un caso emblemático por la participación de un funcionario que años más tarde se integraría a la estructura administrativa del Poder Judicial.
