Diputado Ojeda deja la cárcel tras pagar fianza millonaria
El Juzgado de Temuco cambió la prisión preventiva del parlamentario, acusado de graves delitos vinculados a la Fundación Folab, por arresto domiciliario total, tras pago de 40 millones de pesos.
La Fiscalía pide 19 años de prisión para Ojeda / Foto: ARCHIVO
Mauricio Ojeda, diputado desaforado e investigado por el Ministerio Público, dejó la cárcel tras la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que acogió la petición de su defensa. La medida de prisión preventiva fue sustituida por arresto domiciliario total, arraigo nacional y una fianza de $40 millones, al considerar el tribunal que existe riesgo de fuga.
La resolución judicial llega luego de varios intentos frustrados por parte del equipo legal del parlamentario, independiente e integrante de la bancada del Partido Republicano. En abril, Ojeda había sido liberado brevemente, pero la medida fue revocada tras la apelación del Ministerio Público. Ahora, nuevamente, la Fiscalía anunció que recurrirá ante la Corte para revertir el fallo.
Fiscalía apela: acusa riesgo procesal y penas elevadas
Carlos Cornejo, fiscal de Alta Complejidad, manifestó su disconformidad con la decisión. Recordó que la causa ya está formalizada, acusada y con preparación de juicio oral avanzada. Además, explicó que se solicitó una condena que suma 19 años de cárcel.
“No consideramos que esta resolución se ajuste a las circunstancias del caso”, señaló, y confirmó que se presentará una apelación formal.
Desvíos, préstamos y presunta corrupción
Ojeda es imputado por delitos de fraude reiterado al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. La investigación se centra en el uso de $730 millones provenientes del gobierno regional de La Araucanía, fondos que debían ser destinados a capacitaciones para mujeres en Temuco y Padre Las Casas, pero que nunca se realizaron.
El Ministerio Público apunta a que el parlamentario intervino directamente en la gestión financiera de la Fundación Folab, dirigida por Rinett Ortiz, amiga personal del imputado. Además, habría facilitado la obtención de créditos por $70 millones para mantener la operatividad de la ONG.
Las capacitaciones prometidas -como cursos de peluquería y masoterapia- no se llevaron a cabo, y los fondos habrían sido usados para saldar deudas y otros fines no declarados. También se investiga su vínculo con Juan Pablo Leonelli, jefe de gabinete de la Gobernación, en la gestión de estos recursos.
