Diputado Calisto enfrenta querella por millonario fraude fiscal

Miguel Ángel Calisto, actual diputado independiente y parte de la bancada parlamentaria de Demócratas, fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

El organismo lo acusa de haber participado en una operación destinada a desviar fondos públicos mediante asesorías parlamentarias que no fueron prestadas.

La acción judicial incluye además a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, quienes, según el CDE, integraron una red que simuló la contratación de servicios profesionales para justificar el pago de honorarios con recursos fiscales. Estos montos, que en el caso de Graf superaron los 100 millones de pesos, no tendrían respaldo ni evidencia alguna de ejecución efectiva.

Asesorías inexistentes y contratos cuestionados

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, la relación entre Calisto y Graf se tradujo en una serie de contratos que no contaban con informes entregables ni actividad concreta, pese a que el pago aumentó progresivamente. Además, trabajadores del equipo del diputado en Aysén aseguraron no conocer ni haber trabajado con la imputada, lo que refuerza la tesis de una operación ficticia.

“El diputado promovió pagos por funciones que jamás se ejecutaron, faltando gravemente a su rol como administrador de fondos públicos”, detalla el escrito del CDE.

Transferencias cruzadas en períodos electorales

Otro aspecto clave del caso son las transferencias de dinero entre los querellados y el propio Calisto, realizadas en períodos que coinciden con campañas políticas en la Región de Aysén. El CDE sostiene que estos movimientos podrían vincularse al financiamiento irregular de actividades proselitistas y gastos personales, lo que constituiría una conducta deliberada de mal uso de recursos públicos.

El organismo advierte que el comportamiento de los involucrados responde a una planificación dolosa, donde los recursos parlamentarios habrían sido utilizados con fines ajenos a lo establecido por ley.

Impacto político y antecedentes en desarrollo

Aunque aún no se formalizan cargos por parte del Ministerio Público, la querella ya instala un precedente judicial y político que podría escalar con el avance de la investigación. La acusación afecta directamente a un parlamentario en ejercicio, lo que podría derivar en sanciones éticas y repercusiones para su colectividad.

En paralelo, el CDE dejó abierta la posibilidad de sumar otros ilícitos a medida que se esclarezcan más antecedentes. El caso, por ahora, expone otra arista sensible sobre el uso de las asignaciones parlamentarias, un tema históricamente cuestionado por su opacidad.

“Cuando se utilizan recursos fiscales con fines personales o políticos, se cruza una línea que la ley no tolera ni la ciudadanía acepta”, comentan desde el entorno jurídico del organismo.

Mientras tanto, el diputado Calisto no ha emitido declaraciones públicas sobre la acción en su contra. Se espera que en los próximos días la Fiscalía de Aysén comience con nuevas diligencias para esclarecer el destino de los fondos y el nivel de participación de cada imputado.