Corte ordena millonaria indemnización por oferta falsa
Una inmobiliaria deberá pagar más de $10 millones por departamento a clientes del Condominio Parque Monasterio II, tras comprobarse que ofreció ampliaciones que no podían concretarse.
La Corte Suprema condenó a una inmobiliaria a indemnizar a compradores que adquirieron departamentos en el Condominio Parque Monasterio II, ubicado en la Región Metropolitana, luego de confirmar que la empresa promovió la posibilidad de ampliar las viviendas, a pesar de que dicha modificación no era regularizable.
El proyecto superaba el coeficiente de constructibilidad autorizado por la Dirección de Obras Municipales, lo que hacía inviable cualquier ampliación legal. Pese a ello, esta opción fue utilizada como argumento de venta en las etapas iniciales del proyecto.

Fallo fija compensación por publicidad engañosa
El máximo tribunal del país dictaminó que la empresa Gestora deberá pagar 255 UF —más de 10 millones de pesos por unidad— como compensación por publicidad engañosa. La Corte consideró que hubo incumplimiento contractual, pues la ampliación era un elemento decisivo en la decisión de compra de los afectados.
Los compradores vieron frustradas sus expectativas y, según el fallo, experimentaron un perjuicio real al no poder materializar la condición que motivó su inversión inicial.
Transparencia en el mercado inmobiliario en entredicho
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de mayor fiscalización y transparencia en las promesas que realizan las inmobiliarias al momento de vender proyectos. Especialistas señalan que las ofertas deben sustentarse en factibilidades reales y debidamente informadas, especialmente en aspectos técnicos que el comprador promedio no puede verificar fácilmente.
El fallo de la Corte podría sentar un precedente relevante para otros casos similares, reforzando el deber de las empresas de entregar información clara, precisa y verificable en sus campañas publicitarias.
Clientes confiaron en información verbal y folletos
Durante el proceso judicial se evidenció que muchos compradores tomaron la decisión final basados en la información entregada por vendedores y material promocional, donde se aseguraba que las ampliaciones eran parte del diseño proyectado.
Sin embargo, ni en los planos oficiales ni en la documentación técnica figuraba esa posibilidad, lo que reforzó la tesis de que hubo una estrategia comercial engañosa por parte de la inmobiliaria.
