Contraloría ordena descontar sueldos por paros docentes
El organismo fiscalizador ratificó que no se pueden pagar jornadas no trabajadas, salvo excepciones expresamente reguladas por ley.
Colegio de Profesores se manifestó contrario a la resolución de la Contraloría / Foto (referencial): ARCHIVO
La contralora (s) Dorothy Pérez reafirmó el criterio institucional tras una solicitud realizada por el senador Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social), quien pidió aclaraciones respecto a la legalidad de las deducciones salariales aplicadas a profesores que adhieren a paralizaciones.
La respuesta oficial enfatizó que, al ser parte de la administración pública, los docentes están sujetos a las mismas normativas que el resto de los funcionarios estatales en cuanto al cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales.
No hay pago sin jornada efectiva trabajada
El pronunciamiento subraya que la ley prohíbe remunerar días en que no se haya prestado servicio, salvo en situaciones específicas como feriados, licencias médicas o permisos autorizados. “El derecho a remuneración nace de la efectiva prestación del servicio”, señala el documento, en línea con los artículos 72 de la Ley 18.834 y 69 de la Ley 18.883.
Clases recuperadas deben cumplir estrictas condiciones
Para que una jornada de recuperación sea válida y eventualmente retribuida, debe cumplir requisitos claros: ser útil para cumplir el plan de estudios, contar con autorización formal de la dirección del establecimiento, realizarse fuera del horario regular y disponer de mecanismos que acrediten su ejecución con evidencia oficial.
Sutileza legal en contexto de movilizaciones
Si bien no se cuestiona el derecho a la movilización, el dictamen marca un precedente en cuanto a sus efectos contractuales. Desde el magisterio han manifestado inquietud por el impacto de esta interpretación, pues abre la puerta a descuentos automáticos que podrían afectar masivamente los ingresos del sector en caso de movilizaciones prolongadas.
Reacciones del gremio ante la medida
Desde el Colegio de Profesores ya se anticipan críticas al dictamen, argumentando que el descuento salarial vulnera el derecho a la manifestación pacífica.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, ha señalado en otras ocasiones que este tipo de medidas representa un retroceso en las relaciones laborales y una presión indebida para frenar las demandas legítimas del Magisterio, especialmente en contextos de movilización nacional por mejoras estructurales en la educación pública.
Además, sostienen que las clases recuperadas deberían ser consideradas como jornadas efectivas de trabajo, siempre que se cumplan los estándares exigidos.
