Columna de Juanita Rojas: Acuerdo por Chile, peor es nada

El problema es que el Consejo Constitucional, elegido por votación popular, no elaborará ninguna propuesta de texto de nueva Constitución. Su labor se limitará a aceptar o rechazar la propuesta elaborada por la Comisión Experta y siempre con el visto bueno de Comité Técnico de Admisibilidad.

Por JUANITA ROJAS / Foto: ATON

No hubo foto con sonrisas ni manitos tomadas, apenas uno que otro palmoteo después de firmar el lunes 12 recién pasado el llamado Acuerdo por Chile, que concretó una alambicada fórmula para continuar el itinerario constituyente. El mismo que fracasó estrepitosamente el 4 de septiembre pasado, cuando la mayoría de los chilenos voto Rechazo a la propuesta elaborada por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por personas elegidas democráticamente.

A partir de la derrota de septiembre, fueron 92 días en que los representantes de partidos con representación parlamentaria –opositores, oficialistas y los del eterno camino del medio– presentaron sus propuestas para llevar adelante un nuevo proceso que dote a Chile de una nueva Constitución. En esos tres meses, más de una vez se anunció que estaban a punto de consensuar mecanismos, plazos y número de integrantes, pero siempre surgía una discrepancia insalvable que retrotraía todo a fojas cero. Es que no había que repetir los errores de la Convención, argüia la derecha.

Entre los firmantes de esa noche de lunes por supuesto estaba el grupo Amarillos por Chile y su líder, Cristián Warnken, que nunca ha participado de una elección democrática, que no tiene ni un solo voto que lo avale y ni siquiera ha podido conseguir las firmas necesarias para constituirse como partido. El único diputado que se identifica como amarillo fue elegido por el Partido Radical y antes de eso fue militante demócrata cristiano.

Sin embargo, nunca fue invitada a la mesa de negociaciones la senadora Fabiola Campillay, electa como primera mayoría nacional. Es que no tiene partido y no ha tenido la ocurrencia de formar algún grupúsculo que podría bautizar, por ejemplo, como Morados por la Patria.

En breve intentaré explicar el acuerdo al que llegó la llamada clase política, encabezada por Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Raúl Soto, ex presidente de la Cámara de Diputados. Porque si bien la elección de una nueva mesa directiva en la cámara baja sumó a la conducción al actual presidente de esa rama del Congreso, el liberal Vlado Mirosevic, Soto nunca se desligó y mantuvo el mango de la sartén bien asegurado en sus manos. Eso muy entre comillas, porque los verdaderos amos del negocio fueron los dirigentes de la oposición, que impusieron todos los puntos que de verdad importaban.

En aras de respetar el orden cronológico de los acuerdos, diremos que primero se establecieron 12 puntos llamados bordes o principios institucionales, que en la práctica implican dejar poco espacio a cambios profundos del modelo económico y social imperante ya que, como señala la actual oposición, garantizan que no habrá “intentos refundacionales”. La gran concesión a las fuerzas del oficialismo fue establecer que Chile es un Estado democrático de derechos y que se respetará y resguardará la naturaleza. Para garantizar que esos principios no se transgredan, se convino en la creación de un Comité Técnico de Admisibilidad, más conocido como árbitros, que estará integrado por 14 juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, designados por el Senado sobre la base de una propuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados. En ambas instancias los nombres deben ser aprobados por 4/7, aunque hasta la fecha nadie aclara qué se entiende por destacada trayectoria, ni si hay impedimentos o requisitos específicos.

Estos árbitros serán una especie de comité de censura, cuyo rol será revisar las normas aprobadas en la Comisión Experta o el Consejo Constitucional, de manera de impedir cualquier contenido que atente contra alguno de los principios institucionales ya mencionados. La citada Comisión Experta –que será la que en verdad elabore el texto constitucional– estará conformada por 24 personas designadas, doce de las cuales nombrará la Cámara de Diputadas y Diputados y otras doce elegirá el Senado. Los nombres propuestos por las colectividades deberán ser aprobados por 4/7 de los miembros en ejercicio de las dos cámaras. Por supuesto, también deben tener una indiscutible trayectoria profesional y/o académica lo que, al igual que en el caso de los árbitros, ¿expertos en qué? ¿en derecho, en política, en salud, en educación, en ciencia, en arte, en urbanismo?

Finalmente, se consensuó la creación de un Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las actuales circunscripciones senatoriales, con sufragio obligatorio, listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. Demás está recordar que las actuales circunscripciones senatoriales tiene distorsiones que favorecen sin dudas a la derecha, prueba de ello es que con una población inferior a 900 mil personas, La Araucanía tiene la misma cantidad de senadores que la Región Metropolitana, que cuenta con más de 7 millones de habitantes.

Al menos, el Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de género de entrada y salida y, aunque habrá escaños reservados supra numerarios para pueblos originarios, el número de ellos dependerá de la cantidad de votantes identificados como tales que participen efectivamente en las votaciones.

El problema es que este Consejo Constitucional no elaborará ninguna propuesta de texto de nueva Constitución. Su labor se limitará a aceptar o rechazar la propuesta elaborada por la Comisión Experta y siempre con el visto bueno de Comité Técnico de Admisibilidad. Para aprobar una norma, se requerirán 3/5 de los votos y para rechazar serán 2/3. Si hay algún tópico que quede entre los 3/5 y los 2/3, entonces se irá a Comisión Mixta, con igual número de integrantes del Consejo… y de la Comisión Experta.

Después de revisar la cantidad de candados, amarres y condicionamientos que incluye el mentado acuerdo, es comprensible que no haya existido ambiente de celebración el 12 de diciembre, al menos no de parte de la mayoría de los sectores progresistas. En el fuero interno todos saben que no tuvieron muchas alternativas y primó la lógica de “peor es nada”, porque el tiempo jugaba en contra.

También es humana la reacción de muchas y muchos que expresan su opinión en redes sociales, proponiendo hacer campaña para juntar el dinero y pagar las multas por no ir a votar.