Claudio Grossman: “El Estado debe pedir perdón por adopciones ilegales”
El abogado, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y actual querellante en las causas por adopciones irregulares en Chile entre 1970 y 1990, advirtió que el Estado debe asumir responsabilidad y pedir perdón a las víctimas de la sustracción de bebés.
Un número indeterminado de niños chilenos, hijos de detenidas, fueron entregados ilegalmente durante la dictadura / Foto: ARCHIVO
El jurista Claudio Grossman llamó a un acuerdo político amplio que reconozca el daño y repare a quienes fueron privados de su identidad y origen.
Grossman relató cómo conoció a James Thyden, un estudiante suyo que descubrió haber sido traficado desde Chile en los años 80. Su caso lo llevó a representar a decenas de víctimas que buscan reencontrarse con sus familias biológicas y recuperar su nacionalidad.
“Es imposible que alguien no se conmueva con estas historias”, afirmó.
Crímenes sin prescripción
El abogado sostiene que existen fundamentos sólidos en el derecho internacional para catalogar las adopciones ilegales como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Destacó que médicos, jueces, asistentes sociales y abogados participaron en estas redes delictivas, operando en diversas regiones del país y con conexiones en el extranjero.
Estado en deuda con las víctimas
Grossman fue categórico: “La falta de protección, la ausencia de sanciones y la participación de autoridades configuran responsabilidad del Estado”.
Subrayó que, más allá de los avances judiciales recientes, urge un reconocimiento oficial y medidas concretas de reparación. Para él, el perdón estatal sería “un paso mínimo, pero simbólicamente decisivo”.
Grossman enfatizó que un perdón del Estado no sólo tendría un valor simbólico, sino que marcaría un cambio histórico en la relación de Chile con sus víctimas.
“Reconocer el dolor de miles de familias significaría restituir dignidad, cerrar heridas abiertas por décadas y enviar un mensaje inequívoco: nunca más el silencio ni la indiferencia frente a crímenes que arrebataron identidad, origen y futuro a generaciones enteras” dijo.
Un país que debe mirar su historia
El abogado recalcó que la magnitud de las adopciones irregulares obliga a Chile a mirarse de frente y asumir su historia sin evasivas. Recordó que cientos de familias fueron engañadas en hospitales y tribunales, que profesionales y autoridades facilitaron el despojo de niños y que durante décadas primó el silencio.
“Hoy, cuando las víctimas buscan reencontrarse con sus raíces, el país enfrenta la oportunidad de transformar el dolor en memoria activa y justicia real, instalando un debate que trasciende la política y toca la esencia misma de lo que significa ser chilenos” concluyó.
