Sindicato exige frenar ley pesquera y lanza dura advertencia
Trabajadores de empresas salmoneras acusan al gobierno de provocar una crisis laboral tras el cierre de la planta PacificBlu en Talcahuano y advierten una movilización nacional si no se modifican las cuotas de pesca.
El cierre de la planta PacificBlu en Talcahuano, atribuido a los efectos de la nueva Ley de Fraccionamiento, desató una crisis entre trabajadores de la industria pesquera y el gobierno.
Sindicatos como Fetra Salmón y la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas Pesqueras responsabilizaron directamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas, por entregar información errónea durante el debate legislativo.
Los gremios consideran que la aplicación de la nueva ley representa un grave riesgo social y laboral para miles de familias que dependen de la cadena productiva.
Paola Sanhueza, presidenta del Sindicato de Trabajadores Salmoneros de Blumar, viajó a Santiago para exigir que se revise con urgencia el fraccionamiento aprobado. Según explicó, las medidas “no consideran la realidad de las regiones ni la trazabilidad del trabajo en plantas pesqueras”.
La dirigente advirtió que el escenario no es nuevo. Y recordó que en 2020 más de dos mil personas quedaron cesantes por el cierre de una planta de jibia, sin apoyo estatal. “El gobierno no dimensiona lo que está provocando”, reclamó.
Anuncio de movilizaciones a nivel nacional
Sanhueza fue enfática: si la Comisión Mixta del Congreso no modifica los porcentajes de cuota que afectan a la pesca industrial, iniciarán manifestaciones masivas. “Si el gobierno quiere entender con violencia, violencia tendrá”, declaró.
Agregó que la situación no sólo pone en riesgo empleos, sino que compromete a comunas completas como Coronel, Tomé y otras zonas donde opera PacificBlu. “Ya estamos coordinando acciones desde Arica a Magallanes”, adelantó.
La dirigente también arremetió contra el diputado Jorge Brito, a quien acusó de promover un discurso que divide al sector artesanal del industrial. Llamó a las autoridades a detener la aplicación de la ley hasta que se realice una evaluación técnica real y se incluya a los trabajadores en la toma de decisiones.
“El Estado no puede seguir actuando de espaldas al país productivo”, concluyó.
