Las Condes paga millonaria indemnización por error de Joaquín Lavín
El municipio desembolsó 9.600 millones de pesos a una inmobiliaria por paralizar irregularmente obras de un proyecto del barrio El Golf durante la gestión del ex alcalde.
Joaquín Lavín decidió personalmente interrumpir en tres ocasiones la construcción del inmueble. Foto: ARCHIVO (REFERENCIAL)
La municipalidad de Las Condes pagó una indemnización de 9.600 millones de pesos a una inmobiliaria por un error durante la gestión de Joaquín Lavín.
Tras la sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, el municipio canceló la alta cifra a la empresa Nueva El Golf SpA.
El fallo responsabiliza al municipio por decretar la paralización de obras sin respaldo legal durante el último año de la administración Lavín.
El asunto derivó en una demanda presentada en 2021 por “falta de servicio”, vinculada al proyecto ubicado en Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez.
La edificación en el barrio El Golf se vio interrumpida en tres ocasiones por decisión del entonces alcalde. Lavín argumentó erróneamente incongruencias en el metraje informado por la empresa. Las medidas provocaron más de 300 días de retraso en la construcción.
Recursos legales fallidos
Pese a los intentos del municipio por revertir el fallo -incluyendo apelaciones y un recurso ante el Tribunal Constitucional- todas las instancias fallaron en contra. El tribunal concluyó que la autoridad comunal no contaba con las atribuciones legales para frenar las faenas, calificando la actuación como arbitraria y perjudicial.
La actual alcaldesa, Catalina San Martín, lamentó el impacto financiero que tendrá el desembolso para los vecinos. “Es un daño enorme al patrimonio comunal. Podría condicionar proyectos fundamentales, como la construcción de un nuevo Cesfam”.
Agregó que no realizar el pago habría significado el riesgo de un embargo de bienes municipales.
Reacciones de la inmobiliaria
El abogado de la empresa demandante, Sebastián Yanine, criticó duramente las decisiones de la administración anterior. “Desconocer permisos válidos para ceder a presiones puntuales, perjudica a todos. Este fallo refuerza el imperativo de respetar el Estado de Derecho”, afirmó.
Desde la municipalidad informaron que su equipo jurídico sigue evaluando alternativas para revertir, al menos parcialmente, la condena.
Sin embargo, el pago fue realizado para evitar consecuencias mayores, marcando un precedente relevante en conflictos entre municipalidades e inversionistas privados.
