Gobierno pide disolver ProCultura tras millonarios desvíos
El Ministerio de Justicia solicitó al CDE cerrar la Fundación por graves irregularidades, tras detectar pagos excesivos, falta de cooperación y uso indebido de recursos públicos.
El caso podría derivar en nuevas investigaciones penales. En la imagen, Alberto Larraín. Foto: ARCHIVO
La Fundación ProCultura enfrenta uno de los mayores cuestionamientos desde su creación, en 2010. El Ministerio de Justicia, liderado por Jaime Gajardo, ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para solicitar su disolución legal.
Esto, luego de comprobarse reiteradas infracciones administrativas, falta de colaboración en fiscalizaciones, y desvío sistemático de recursos públicos.
El procedimiento fue iniciado luego de que ProCultura no respondiera adecuadamente a los requerimientos del Departamento de Personas Jurídicas, en junio de 2023.
Además, no permitió el acceso a las direcciones declaradas, lo que -a juicio de Justicia- constituye una falta grave. Eso justifica avanzar con el proceso de término legal de la entidad.
Fondos que se pierden
Uno de los antecedentes más críticos tiene relación con el uso de dineros fiscales. Entre 2018 y 2022, la ONG destinó más del 70% de su gasto a sueldos y honorarios, relegando apenas un 29% para programas sociales.
En 2022, por ejemplo, se pagaron casi dos mil millones de pesos en remuneraciones, frente a poco más de 641 millones utilizados en proyectos reales.
Según reveló La Tercera, dentro de estos pagos, destacan las cifras recibidas por los fundadores y directivos. Alberto Larraín, uno de los fundadores, incrementó su salario de 29,7 millones en 2018 a 94,4 millones en 2022. Así, acumuló más de 267 millones en cinco años. Ilonka Csillag recibió 149 millones, incluso en períodos en que no estaba activa en la institución.
Falta de coherencia
Casos similares ocurrieron con otros altos cargos. María Constanza Gómez, ex representante legal, quintuplicó sus ingresos entre 2017 y 2022: pasó de 950 mil a 4,5 millones mensuales.
También registraron fuertes alzas José Gatica y María Teresa Abusleme, ambos con cargos directivos.
El análisis del Ministerio de Justicia apunta a una clara contradicción entre los objetivos fundacionales de ProCultura y su práctica reciente.
La ONG fue constituida para ejecutar iniciativas culturales y sociales de alto impacto. Pero la distribución de los recursos demuestra una administración orientada a beneficios internos más que al interés público.
