Fiscalía solicita desafuero del diputado Joaquín Lavín

El Ministerio Público acusa al parlamentario de utilizar documentos ideológicamente falsos para desviar recursos públicos con fines electorales, en un esquema que también involucra a su ex asesor, Arnaldo Domínguez.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 27 de junio de 2025 - 10:51 pm

El diputado UDI Joaquín Lavín León. Foto: ARCHIVO

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero contra Joaquín Lavín León. Al diputado UDI se le investiga por fraude al Fisco tras una serie de maniobras irregulares.

Según el Ministerio Público, estas incluyeron la rendición de facturas ideológicamente falsas para justificar gastos parlamentarios inexistentes.

La acción busca que el legislador pierda su inmunidad y así ser formalizado por estos delitos, de acuerdo con la fiscal Lorena Andrea Parra. Las diligencias se llevaron adelante con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público (UNAC).

CDE busca ampliar la causa

En el caso también figura una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo lo acusa de orquestar un mecanismo de financiamiento electoral ilegal, mediante la presentación de documentos sin respaldo de servicios reales. El texto detalla que Lavín operó en conjunto con su ex asesor, Arnaldo Domínguez, para desviar recursos del Congreso a través de gastos parlamentarios simulados.

Según se reveló, el CDE solicitó formalmente que el Servicio de Impuestos Internos se sume a la investigación. Se apunta a eventuales delitos tributarios que podrían agravar el cuadro judicial del diputado.

El documento, patrocinado por el procurador fiscal Marcelo Chandía, describe una “concertación sostenida para presentar rendiciones fraudulentas”. Esto se traduciría en millonarias pérdidas para el erario público.

Calisto también bajo la lupa

En paralelo, la Fiscalía Regional de Aysén ingresó una solicitud de desafuero contra el diputado Miguel Ángel Calisto. Es por hechos similares relacionados con contrataciones falsas en el marco de asesorías parlamentarias. La acción incluye a su ex asesora, Carla Graf, a quien se le habrían pagado más de 100 millones de pesos por servicios no prestados.

El CDE presentó una querella por fraude al Fisco contra Calisto y su círculo más cercano, incluyendo a Roland Cárcamo y Felipe Klein. La acusación establece que hubo una “colusión interna” para justificar pagos sin respaldo técnico, inflando honorarios con el consentimiento del parlamentario.

Ambos casos forman parte de una línea de investigación conjunta entre las fiscalías regionales, la UNAC y la Bridec de la PDI. En ambos episodios, los montos involucrados ascienden a cifras de seis dígitos y podrían derivar en imputaciones formales por delitos de corrupción, malversación y eventuales ilícitos tributarios.