Denuncian 106 mil funcionarios municipales “fantasmas”

Informe de Contraloría revela alarmante situación en el control de municipios. Sólo en la región de Valparaíso hay más de 12 mil funcionarios sin inscripción.

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Por Cristián Carrión
Actualizado el 10 de mayo de 2025 - 2:43 pm

Proporcionalmente, la situación es especialmente preocupante en la municipalidad de Curanilahue. Foto: ARCHIVO

La Contraloría General de la República detectó más de 106 mil funcionarios municipales “fantasmas”.

El informe revela que la Región Metropolitana lidera, con 16.659 casos, seguida de Biobío, con 16.125 y Valparaíso, con 12.168.

Además, alertó que 43% de los actos reportados por las municipalidades en el Plan Nacional de Monitoreo y Control Municipal no fueron ingresados previamente al sistema, con retrasos promedio de 77 días hábiles, muy por sobre los 15 días que exige la ley.

Más de 12 mil de los trabajadores “fantasmas” pertenecen a municipalidades de la región de Valparaíso. Pese a recibir remuneraciones durante 2022 y 2023, no figuran en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper).

Municipios sin control

Según el informe, la ciudad de Valparaíso concentra 1.069 funcionarios sin inscripción en Siaper: 448 eventuales designaciones y 621 contratados a honorarios. Y se estableció que Nogales, Llay Llay y Quillota encabezan el ranking regional: suman más de nueve mil actos administrativos no registrados.

En Quilpué, se identificaron pagos a 47 “trabajadores fantasmas” sin contrato. Esto incluye a un enfermero que recibió más de 24 millones de pesos sin registro de asistencia.

El fenómeno evidencia falencias estructurales en la gestión de personal y el cumplimiento de la normativa municipal vigente.

El estudio reflejó que 13 de las 38 comunas de Valparaíso no entregaron información oportuna, quedando en categoría “sin controlar”. A nivel nacional, cuatro capitales regionales -Santiago, Chillán, Concepción y Puerto Montt- tampoco remitieron los datos requeridos.

La magnitud de esta irregularidad deja en evidencia una debilidad institucional que trasciende lo técnico, planteando serias interrogantes sobre la rendición de cuentas y el control del gasto público en las entidades edilicias.