Corte Suprema confirma penas a ex agentes de la CNI
Álvaro Corbalán acumula más de 200 años de cárcel tras la condena por el homicidio del profesor Alan Williams, en 1985. Actualmente está recluido en Punta Peuco, enfrentando una enfermedad degenerativa que afecta su visión.
Con esta condena, Álvaro Corbalán acumula más de 200 años de presidio / Foto: ARCHIVO
La Corte Suprema confirmó las condenas contra nueve ex agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI) por el asesinato del profesor Alan Williams Rodríguez Pacheco, ocurrido en enero de 1985 en Maipú.
El crimen, inicialmente presentado como un enfrentamiento, fue desmentido durante el proceso judicial, que acreditó que se trató de una ejecución planificada.
En fallo unánime (rol 10.237-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo y el abogado Eduardo Gandulfo, rechazó los recursos de casación de los imputados, ratificando las penas dictadas en 2021 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Principales condenados
Álvaro Corbalán Castilla: 15 años de presidio. Ex jefe de la División Antisubversiva de la CNI, acumula más de 200 años de condena por múltiples delitos. Se encuentra en Punta Peuco con problemas de salud visual.
Aquiles González Cortés: 15 años de cárcel como coautor.
Otros integrantes de la Brigada Azul: Rodolfo Olguín, Víctor Ruiz, José Salas, Juan Jorquera, Sylvia Oyarce y Claudio Sanhueza, recibieron 10 años y un día de presidio. Eduardo Fuenzalida deberá cumplir 5 años y un día, mientras que el procesado Rinoldo Rodríguez falleció antes de la resolución.
El caso de Alan Williams
Alan Williams, militante del MIR y sobreviviente de la desarticulación del destacamento guerrillero Toqui Lautaro, vivía clandestinamente en Maipú junto a su pareja embarazada. El 3 de enero de 1985, agentes de la CNI atacaron su vivienda con armamento pesado, causando un incendio en el que el profesor murió calcinado tras ser baleado.
El tribunal determinó que el operativo fue un montaje para encubrir la ejecución, calificándolo como homicidio deliberado.
Conclusión del tribunal
La Corte Suprema ratificó que los recursos presentados no tenían fundamentos legales, manteniendo las penas impuestas a los responsables.
Con esta decisión, la justicia cierra un capítulo más de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
