Columna de Miguel Ángel San Martín: Consecuencias globales de la guerra

La decisión de iniciar los ataques contra Irán del israelí Benjamín Netanyahu, seguida por el estadounidense Donald Trump, no sólo ha conseguido matar a casi 5 mil personas hasta el momento en que escribo este artículo, sino que ha provocado daños de gran calado en alrededor de 16 países de la región.

Pero, además, afecta con fuerza a la población mundial, por el bloqueo brutal del Estrecho de Ormuz, por donde transitan los barcos que llevan más del 20% del petróleo que se necesita en el mundo.

Eso provoca un efecto dominó en los precios de los combustibles, del transporte, de los carburantes, de los productos alimenticios que cotidianamente consumimos. Y, al final, también nos afecta en la economía familiar y en la inflación de todos los países. Esto conlleva trastornos muy serios especialmente en las clases más necesitadas del planeta. Y lo peor, es que la emergencia económica mundial se prolongará por mucho tiempo, aunque la guerra se detenga.

El costo de las bencinas y carburantes ha subido en forma sorpresiva, desde el primer bombazo de esta guerra tan inmoral. Y, a pesar de que su efecto no fue inmediato en otros lugares, algunos comerciantes y empresarios aplicaron una escalada de aumento de los precios bajo la justificación del conflicto bélico.

Agua y energía

Todos los gobiernos, sin excepción, iniciaron una carrera contra reloj para detener esa escalada de los precios, para proteger a sus respectivas poblaciones. Y en este aspecto, cada país mostró con claridad cuál es el sistema político y económico que aplican sus gobernantes.

Unos, con un estado fuerte y poderoso, comenzaron a aplicar subsidios al consumo, basándose en una redistribución de emergencia más equitativa de los recursos del Estado. Otros, sin dudarlo, recurrieron a cargar en los bolsillos de los ciudadanos el alza de los productos afectados.

El gobierno de España, por ejemplo, adoptó con efecto del pasado domingo 22, decisiones económicas tales como la rebaja del IVA de la electricidad, del gas natural y de los carburantes del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Y se congeló el precio máximo del butano y el propano.

También recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electro intensiva. En el aspecto social, reforzó el bono social eléctrico —con mayores descuentos para consumidores vulnerables— y el incremento del bono social térmico, además de la garantía de suministro de agua y energía.

Sin palabras

Aporta ayuda directa de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como apoyos al sector de los fertilizantes. En el ámbito empresarial, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos oficiales (ICO) para facilitar financiación al sector agroalimentario y pesquero.

Pero, hay más: El plan incorpora también incentivos a la electrificación y a las energías renovables, con deducciones en el Impuesto de las personas físicas (IRPF) para instalaciones como placas solares o puntos de recarga, así como para la compra de vehículos eléctricos.

Además, se aplica una congelación temporal de los precios del alquiler de viviendas y la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027.

Y en lo laboral se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis.

Obviamente, lo que ocurre en España es sólo un ejemplo de la aplicación de medidas sociales ante la crisis de la guerra, consistente en una redistribución de emergencia de los impuestos que todos pagamos cada año. Para hacer esto posible, se requiere de un estado fuerte.

En otros casos, como por ejemplo Chile, las medidas anticrisis recaen mayoritariamente en los bolsillos de los ciudadanos, que deben enfrentar por sí mismos las alzas de los combustibles. Huelgan las palabras.