Columna de Iván Gajardo: La condena a Cristina Fernández abre una caja de Pandora

En una esperada decisión, la Corte Suprema argentina dejó a firme la sentencia dictada en instancias inferiores en el caso conocido como “Causa Vialidad”, que se remonta a los años de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta -entre 2007 y 2015- y que la consideraron culpable de perjudicar al Estado argentino al conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo, Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

La Corte integrada excepcionalmente por tres magistrados –dos de ellos nombrados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri- optó por desestimar todos los recursos presentados por los defensores y decidió romper una regla no escrita en el máximo tribunal consistente en evitar fallos de alto impacto político durante los procesos electorales.

La decisión profundiza la denominada “grieta” en el país donde -muy en sintonía con los tiempos actuales-, cada sector no hizo más que confirmar sus hipótesis anteriores.

Así, mientras los sectores antiperonistas definieron el fallo como un acto de justicia que corrobora el carácter intrínsecamente corrupto del kirchnerismo, los aliados y adherentes de la ex mandataria sumaron el fallo a la línea de tiempo de los históricos intentos de proscripción que sufrió de ese sector político y que desde 1955 incluyeron prisión, exilios y fusilamientos .

Enroques y disputas por ocupar el espacio vacio

En medio de un mar de dudas, lo indiscutible es que el hecho abre una caja de Pandora cuyas consecuencias aún no están claras y abre una deriva política y social muy difícil de mensurar.

Por ahora la casa en la que se encuentra CFK hasta entregarse a la justicia (a más tardar el 17 de junio) se convirtió en una especie de santuario en el que miles de adherentes mantienen una vigilia en apoyo a la ex mandataria.

Si bien el mapa político argentino ya se encontraba en una etapa de reconfiguración tras la irrupción de Milei, varios analistas consultados por la prensa concuerdan en que la prohibición de CFK constituirá un nuevo elemento que sacudirá aún más el tablero.

Por lo pronto asistimos al fin de las aspiraciones electorales de la ex mandataria, pues la condena la inhabilita de por vida para postularse a cargos públicos. Esto implica un reordenamiento del peronismo que ya sufría fuertes tensiones internas producto de la disputa por el liderazgo entre la ex mandataria y Axel Kicillof que gobierna la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral kirchnerista.

Pero también podría ocurrir que el hecho funcione como un elemento de cohesión alrededor de la figura de CFK, ahora percibida más nítidamente como víctima de una persecución política.

Esto pudo vislumbrarse, aunque embrionariamente, tras la confirmación de la condena, cuando numerosos dirigentes peronistas, incluso aquellos que hasta hace poco mantenían cierta distancia con CFK, como los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), o Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio y muy crítico de CFK), expresaron un fuerte respaldo y llamaron a la unidad del movimiento.

Los líderes peronistas han señalado que estos momentos difíciles exigen «unidad, organización y autocrítica» y han planteado que la exclusión de CFK de la contienda electoral distorsiona la democracia y fortalece la narrativa de persecución.

El macrismo y los libertarios esperan que la condena y prescripción debiliten al kirchnerismo como fuerza política y que la ausencia de CFK en la arena electoral acelere la declinación de al menos los sectores más progresistas del peronismo.

Ambos sectores buscarán capitalizar el escenario político abierto tras la condena, intentando posicionarse como una alternativa más estable y moderada frente a la polarización que caracterizó la última década.

Polarización

Una primera encuesta publicada este viernes registra que, en línea con los temores del Gobierno, lejos de zanjar un tema controvertido, el fallo polarizó aún más a la sociedad argentina.

Así lo registró un estudio demoscópico de la consultora Zuban-Córdoba que muestra que el 53% considera culpable a la ex presidenta, pero el 46,5% de los encuestados cree que la Justicia actuó de manera deshonesta.

Según el sondeo, 56,6% de los encuestados no cree que los argentinos sean «iguales ante la ley», una cifra que en el segmento de 45 a 60 años trepa al 64,6%.

Además, el 52,3% de los consultados piensa que CFK debe ir a la cárcel y entre los votantes de Milei el número trepa al 94,5%.

A un 45,4% le parece sugestivo que la Justicia emita un fallo a menos de un mes del cierre de listas bonaerenses a dónde iba a presentarse la ex presidenta, mientras que el 51,7% no tuvo dudas respecto a la actuación de la Corte. El 60% está de acuerdo con elegir a los jueces por voto popular.

Estas cifras se explican en el desprestigio creciente de la justicia, un fenómeno que crece sin interrupción hace años y que pone sobre la mesa otra variable por fuera del debate de la culpabilidad o no de la ex mandataria y es que no existe un tribunal con la necesaria legitimidad popular para zanjar el debate.

Un reciente sondeo de la consultora Trends registró que el 61% de los argentinos tiene una imagen desfavorable de la Corte Suprema, un dato que genera preocupación, debilita el consenso y desprestigia aún más al sistema republicano.

Reacciones

CFK, cuyos abogados ya solicitaron la prisión domiciliaria, calificó de «impresentables» a los supremos, repudió la decisión y llamó a construir una nueva alternativa.

«Como siempre, pondremos el cuerpo. Los peronistas no nos profugamos, eso lo hace la derecha, dijo en clara alusión a “Pepín” Rodríguez Simón, un operador judicial macrista que se fugó de la justicia durante cuatro años y regresó con el gobierno de Milei para ser sobreseído.

“Nosotros no somos mafiosos», insistió. No pidió reacciones de defensa de la gente y en su dicurso llamó a la calma. “No es hora de lágrimas, sino de organización y de militancia”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en tanto, dijo que la decisión de la Corte es un “final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial” y subrayó que el mismo “termina de consagrar una auténtica infamia” que consideró un capítulo más en “la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como Cristina, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías» (https://x.com/Kicillofok/status/1932558046825238912).

Al otro lado de la grieta, los liberales, el macrismo, los sectores conservadores y todo el arco ideológico que el argot local denomina “gorilas”, se regocijaron con la decisión de la máxima instancia de justicia.

Escueto y filoso, el presidente Javier Milei tuiteó desde Israel el mensaje “Justicia. Fin”, mientras su ministra de seguridad escribió: “El que las hace, las paga” y subrayó que el proceso tuvo “tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso”.

Macri en tanto, destacó “el trabajo impecable de la Justicia” y dijo que se trató de “un fallo histórico” además de pedir a los argentinos que estén tranquilos “porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad”.

En el ámbito sindical, en tanto, la información está centrada en las declaraciones de Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien señaló la preocupación del gremio por el clima institucional derivado de la decisión y la situación de los trabajadores.

Consultado sobre la posibilidad de un paro general de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), Furlán aclaró que aún no hay una convocatoria formal, pero que la discusión está abierta: “Todavía no hay una propuesta de paro, porque hay muchos compañeros que están afuera. Pero tampoco se va a esperar demasiado a que la CGT tome una decisión”.

Justicia internacional

Mientras tanto, desde La Haya, Países Bajos, donde se encuentra para continuar con la estrategia de defensa, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de CFK, confirmó el jueves que acudirán a los organismos internacionales cuyas decisiones -subrayó- “son vinculantes”.

El letrado recordó que “el Código Procesal Penal Federal ya incorporó la posibilidad de que si un organismo internacional recomienda la revisión del fallo esto es vinculante”.

Por último agregó que el equipo de defensa decidió acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es lo que sigue luego de la sentencia y para que ese tribunal internacional analice una serie de reclamos presentados durante el proceso en el que “se plantearon nulidades en la instrucción, en el juicio oral, en casación, es decir en todo momento.

Las elecciones de legislativas de octubre demostrarán quiénes serán los beneficiarios de esta decisión histórica y controvertida. Por ahora lo claro es que el hecho profundizó la división en el país y demostró lo difícil que es en la actualidad pensar una Argentina homogénea.