Jueza Irene Rodríguez es suspendida por liberar a sicario

La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió por 30 días a la jueza Irene Rodríguez, involucrada en la liberación del sicario venezolano prófugo.

La sanción se produce en medio de la investigación por la liberación de Alberto Carlos Mejía. La magistrada firmó y validó el documento que permitió al inculpado salir de prisión, a pesar de tener medidas cautelares vigentes.

Mejía figura como principal sospechoso del asesinato de José Felipe Reyes, conocido como “El Rey de Meiggs”.

La jueza, actualmente bajo investigación administrativa, declaró que actuó con plena legalidad y negó cualquier acto de corrupción. “No hubo dolo ni intención maliciosa” afirmó.

Aun así, el proceso disciplinario continúa abierto.

Paralelamente, la Corte Suprema instruyó un sumario para determinar cómo se tramitó la liberación del reo y quiénes más participaron en la cadena de errores.

Fiscalía apunta a funcionaria judicial

El Ministerio Público citó a declarar como imputada a una funcionaria del Poder Judicial que habría estado involucrada en la tramitación del oficio.

Mientras, se mantiene activa la búsqueda internacional de Mejía, quien logró salir del país luego de ser excarcelado. Las autoridades no descartan nuevas medidas judiciales contra otros actores implicados en el caso que sacude al sistema penal chileno.

En tanto, la Suprema busca determinar con precisión las responsabilidades institucionales y funcionales que permitieron la salida del sicario.

El intrincado asunto reaviva el debate sobre la transparencia y los controles internos en el Poder Judicial. En especial en procesos relacionados con imputados de alta peligrosidad. Asimismo, existe un cuestionamiento a los mecanismos de control y supervisión de los procesos judiciales en causas criminales de alta connotación.

De hecho, diversos sectores políticos y gremiales exigen una auditoría completa al sistema de tramitación de libertades condicionales. Y organizaciones de víctimas insisten en que este tipo de errores no pueden quedar impunes, pues afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones.