Joaquín Lavín León es querellado por facturas falsas

El Consejo de Defensa del Estado acusa al diputado por uso de documentos ideológicamente falsos para obtener pagos por servicios no realizados.

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Por El Ágora
Actualizado el 30 de mayo de 2025 - 2:08 pm

Joaquín Lavin también enfrenta una acción judicial de la Municipalidad de Maipú / Foto: ARCHIVO AGENCIAUNO

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León por presunta malversación de caudales públicos, sumándose así a las investigaciones lideradas por la Fiscalía Oriente.

El parlamentario, ex militante UDI, está acusado de haber presentado facturas falsas para acceder a recursos fiscales por supuestos servicios no ejecutados, en un caso que también involucra a su esposa, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y fue patrocinada por el abogado Marcelo Chandía Peña. Junto a Lavín, también están querellados su asesor Arnaldo Domínguez Vallejos, Juan Alberto Silva Morales y Felipe Vásquez Diéguez.

Allanamientos revelaron pruebas clave

El Ministerio Público ya había realizado allanamientos al domicilio y oficinas parlamentarias de Lavín en octubre pasado, incautando teléfonos, computadores y documentos físicos relacionados con la emisión de las facturas. Según la investigación, los servicios por los cuales se emitieron los pagos nunca fueron prestados, y los documentos serían ideológicamente falsos.

Además de esta querella del CDE, Lavín y su asesor ya enfrentaban una acción legal impulsada por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, desde marzo de este año, en el marco de las mismas indagaciones sobre uso indebido de recursos públicos.

Testigo lo involucra

Entre los muchos testimonios de la investigación está el de Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG S.A., quien declaró haber emitido facturas por servicios que nunca se prestaron.

Silva afirmó que estos documentos fueron utilizados por el diputado Joaquín Lavín León para rendir gastos ante el Congreso, aunque correspondían a trabajos de campaña política. Esta práctica habría permitido al parlamentario acceder a fondos públicos de manera irregular.