Corte ordena frenar escuchas al teléfono de Josefina Huneeus
La Corte de Apelaciones de Antofagasta calificó de ilegales las interceptaciones hechas en el caso ProCultura y ordenó desechar los registros.
La psiquiatra Josefina Huneeus estuvo casada con el director de ProCultura, Alberto Larraín. Foto: ARCHIVO
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta calificó de ilegales las interceptaciones telefónicas a Josefina Huneeus autorizadas por el Ministerio Público. La Justicia acoge, así, el recurso de amparo presentado en favor de la ex pareja de Alberto Larraín.
Las diligencias se vinculan a la arista ProCultura del caso Convenios, y la Corte detalló de los registros fueron arbitrarios.
Según el fallo, las decisiones judiciales que avalaron las escuchas -entre octubre de 2024 y febrero de 2025- no contaban con fundamentos suficientes. Y tampoco con la debida relación entre los hechos imputados y la participación concreta de Huneeus.
La resolución también ordena eliminar del proceso toda prueba o actuación derivada de las escuchas.
Delitos no acreditados
El tribunal consideró grave que las resoluciones que permitieron las escuchas se otorgaran sin precisar “hechos determinados” que vincularan a la amparada con algún delito.
Además, se criticó que la intervención de sus comunicaciones se justificara invocando delitos distintos a los atribuidos inicialmente.
El documento judicial señala que las diligencias fueron autorizadas “fuera de la legalidad vigente” y vulnerando derechos fundamentales. En consecuencia, todo el material obtenido por esa vía carece de validez procesal.
Rol del Ministerio Público
La Corte centró su análisis en la falta de justificación para haber sometido a Huneeus a estas medidas intrusivas. Considera que el foco de la investigación está puesto principalmente en Alberto Larraín, ex director ejecutivo de la Fundación ProCultura.
Pese a ello, las renovaciones de las escuchas se mantuvieron activas durante varios meses, sin nuevos antecedentes que justificaran su extensión.
El fallo podría tener consecuencias directas sobre la validez de otras diligencias dentro del caso. Y, a la vez, refuerza los cuestionamientos a la forma en que el Ministerio Público ha manejado ciertas interceptaciones telefónicas.
