Contraloría endurece normas para gastos reservados
Nueva regulación busca mayor transparencia y control sobre estos fondos para prevenir irregularidades y conflictos de interés.
La nueva norma identifica claramente a la jefatura responsable / Foto: ARCHIVO
El uso de gastos reservados en entidades gubernamentales estará sujeto a nuevas y estrictas directrices, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República (CGR).
La decisión responde a la necesidad de reforzar la fiscalización y prevenir irregularidades en la administración de estos recursos.
Nueva normativa y cambios clave
El instructivo recientemente emitido deja sin efecto el reglamento vigente desde 2003, estableciendo requisitos más rigurosos. Ahora, los organismos que manejen estos fondos deberán identificar, mediante una resolución reservada, las unidades operativas que los requieran. Además, se debe individualizar a la jefatura responsable, quien estará obligada a cumplir estrictamente con las nuevas disposiciones.
Medidas para evitar conflictos de interés
Una de las exigencias clave es que las jefaturas a cargo presenten obligatoriamente su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
Este documento incluirá información detallada sobre cuentas bancarias, seguros y otros activos tanto propios como de familiares directos. Con esto, se busca prevenir posibles conflictos de interés y asegurar mayor transparencia.
Rendición de cuentas y control financiero
Junto con la fiscalización de los recursos, la nueva normativa también impone la realización de una rendición de cauciones para la administración de los gastos reservados.
Esta medida apunta a evitar malversaciones y garantizar que los responsables manejen estos fondos con total responsabilidad financiera.
Contexto y antecedentes
El ajuste normativo surge en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en la utilización de gastos reservados durante la gestión del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
En su administración se detectaron inconsistencias en el destino de aproximadamente 50 millones de pesos asignados, lo que motivó la revisión y actualización de la regulación vigente.
Con estas nuevas disposiciones, la Contraloría busca establecer un control más estricto y eficiente sobre los fondos públicos, asegurando un manejo transparente y alineado con los principios de probidad y rendición de cuentas.
