Apelan por fallo respecto al proyecto Dominga
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) argumenta que el rechazo del Comité de Ministros se ajustó a derecho y defiende la decisión.
El SEA no está de acuerdo con la resolución del 1TA. Foto: ARCHIVO
La dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó un recurso de apelación contra el fallo del Primer Tribunal Ambiental respecto al proyecto Dominga. Allí sostiene que se cumplió con la sentencia que ordenó una nueva votación del Comité de Ministros y que ratificó el rechazo a la iniciativa.
En el documento, el SEA subraya que el comité resolvió cada aspecto impugnado en estricta concordancia con lo dictaminado por la justicia ambiental.
Deficiencias y riesgos ambientales
Entre los argumentos presentados, el organismo destaca que la evaluación ambiental evidenció deficiencias graves. Especialmente en el Plan de Contingencias y Emergencias del proyecto, lo que representaría un riesgo significativo para el ecosistema marino.
“Tras exponer estos puntos, los ministros y subsecretarios en ejercicio coincidieron en que las observaciones presentadas eran fundadas. Y revelaban falencias insalvables en la evaluación ambiental”, indica el SEA en la apelación.
Además, recalca que el acuerdo y la resolución final fueron dictados conforme a la sentencia definitiva y el fallo de 2021. Por lo tanto, todas las alegaciones fueron resueltas en su debido contexto.
Nuevos actos administrativos
El SEA también cuestiona que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) ordenara actos administrativos adicionales, que considera facultad exclusiva del Comité de Ministros.
“Solicitar una nueva resolución que complemente o modifique una decisión colegiada vulnera principios fundamentales de legalidad y juridicidad”, argumenta el organismo. Y señala que se excedieron los alcances del fallo previo.
Asimismo, recalca que la resolución impugnada reconoció que la sentencia fue acatada mediante la decisión administrativa de reemplazo. Pero que el tribunal extendió su dictamen a elementos que no formaban parte del litigio resuelto en 2023, generando un conflicto sobre la validez de su fallo.
