Confirman condenas a cinco ex agentes de la DINA por secuestro

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en la causa que investiga la detención y homicidio de Jenny Barra Rosales, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, cometido a partir del 17 de octubre de 1977.

La sala estuvo integrada por las ministras María Catalina González y Claudia Lazen, y el magistrado Leonardo Varas Herrera.

La sentencia de la Corte

Los condenados son los ex militares y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, Pedro Espinoza Bravo (brigadier de Ejército), Rolf Wenderoth Pozo (coronel), Juan Morales Salgado (coronel) y a Miguel Krassnoff Martchenko (brigadier) en calidad de autores del delito de secuestro calificado de la víctima, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

En tanto, Enrique Sandoval Arancibia fue condenado como encubridor del delito de secuestro calificado, a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, cuya condena el tribunal da por cumplida con el tiempo que el inculpado estuvo sometido a prisión preventiva en esta causa desde el 7 de febrero de 2022.

De esta manera, la Corte confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, en mayo de 2024.

La víctima

Jenny Barra Rosales, tenía 23 años al momento de los hechos. Su detención fue cerca de su domicilio en la comuna de San Bernardo y fue trasladada al centro clandestino de tortura Villa Grimaldi y posteriormente al Simón Bolivar, donde desapareció.

Sus restos fueron encontrados más de dos décadas después, en 2001, en una mina abandonada en la Cuesta Barriga, donde se pudo identificar dos fragmentos óseos de la víctima.

“No es sólo un secuestro calificado”

La abogada querellante, Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados, valoró la sentencia de la Tercera Sala señalando que «si bien es cierto estamos conformes con que se hayan confirmado las condenas a quienes participaron en los horrorosos crímenes cometidos en la persona de la víctima, pero creemos que no se han sopesado los hechos en toda su magnitud y eso repercutió en la calificación jurídica de los delitos cometidos y en la pena impuesta a los condenados”.

Recurso de casación

En ese sentido, Gattini informó que ya presentaron un recurso de casación para que se pueda considerar también dentro de la pena a los condenados el delito de homicidio calificado, toda vez que “Jenny Barra fue detenida y encerrada en centros clandestinos de tortura y exterminio para sacar toda la información posible, y sólo luego de haber cumplido ese propósito criminal, fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pique minero en la Cuesta Barriga, para asegurar absoluta impunidad. No es sólo un secuestro calificado, por lo que presentamos un recurso ante la Corte Suprema insistiendo en una correcta calificación, cuestión que es de toda justicia y esperemos que prospere», finalizó.