Nueva ley apunta a prohibir call centers que operan desde el extranjero
El proyecto ya está en marcha en el Congreso con el objetivo de frenar estafas y recuperar empleos locales.
El ley exigirá centros de atención establecidos en Chile / Foto: ARCHIVO
El Congreso avanza en la tramitación del proyecto de ley «+56», una iniciativa que pretende prohibir la operación de call centers extranjeros que atienden a clientes en Chile.
La medida busca reducir fraudes telefónicos y fomentar la generación de empleo dentro del país.
Las llamadas no deseadas han sido una constante molestia para los usuarios, quienes reciben ofertas de servicios que no solicitaron e, incluso, intentos de estafa. Muchos de estos contactos provienen del extranjero, lo que dificulta la fiscalización y sanción de quienes están detrás de estos fraudes.
«Estas estafas telefónicas son difíciles de perseguir tanto por el Ministerio Público como por las policías, porque ocurren fuera de Chile bajo la lógica del call center», explicó el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), uno de los impulsores del proyecto.
Además, destacó que la deslocalización de estas plataformas ha generado una pérdida de empleos en el país, ya que muchas empresas trasladan sus centros de atención al extranjero.
¿En qué consiste la iniciativa?
El proyecto lleva por nombre «+56», en referencia al código telefónico de Chile. La norma establece que las empresas que atienden a clientes nacionales deberán operar con centros de llamadas dentro del país, garantizando que la atención no provenga del extranjero.
Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) han señalado que esta regulación irá acompañada de una norma técnica para combatir el spam telefónico en todas sus formas.
«Todas las llamadas comerciales deberán contar con un número identificable que permita a los usuarios reconocer si se trata de una oferta antes de responder», explicó el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.
¿Cuándo entraría en vigencia?
La implementación del proyecto se espera para el primer trimestre del año, dependiendo de su avance en el Congreso.
Con su aprobación, las empresas deberán ajustar sus sistemas de atención, y los usuarios contarán con mayor seguridad frente a posibles fraudes.
De concretarse esta medida, ya no será necesario depender de aplicaciones externas o herramientas de bloqueo disponibles sólo en teléfonos de última generación, ya que la propia regulación garantizará un entorno más seguro para las comunicaciones comerciales en el país.
