Columna de Juanita Rojas: fiscal nacional, triste espectáculo navideño
La situación no se condice con lo que debería ser la participación de los tres poderes del Estado en la selección de la persona que ha de ejercer tan alta responsabilidad.
Por JUANITA ROJAS / Foto: ARCHIVO
Si hubiera que describir el estado de la política y la institucionalidad de nuestro país, quizá el mejor ejemplo para graficar el nivel de deterioro en que se encuentra es el proceso de elección del nuevo fiscal nacional, cabeza máxima del Ministerio Público.
Este organismo autónomo, parte del Estado, que cumple un rol determinante en la persecución del delito y que forma parte del sistema de justicia –aunque no integra el Poder Judicial– se ha visto expuesto a una guerra de intereses partidistas o personales, a pasadas de cuenta, a decisiones inexplicables y a todo tipo de acusaciones, sospechas, descalificaciones y campañas a favor o en contra de los postulantes.
Un espectáculo que no se condice con lo que debería ser la participación de los tres poderes del Estado en la selección de la persona que ha de ejercer tan alta responsabilidad.
No es del caso reiterar cada etapa de este intrincado proceso, pero el hecho es que, hasta ahora, la Corte Suprema, que eligió los primeros cinco nombres, después de que los postulantes expusieron por apenas diez minutos, no reconoce ninguna responsabilidad en el desaguisado. Ellos, según su vocera, tuvieron una participación perfecta, si bien uno de los seleccionados en la primera quina se bajó de la carrera apenas la lista llegó a manos del Presidente de la República y los reparos a los antecedentes de los demás nombrados empezaron a proliferar por las redes y los medios de comunicación.
El Presidente, a su vez, se encontró con cuatro nombres que de seguro no satisfacían totalmente sus expectativas pero, en aras de sacar adelante el asunto, propuso a uno de los dos que obtuvo la mayor cantidad de votos en la Suprema. Apostó a la segura, convencido de que los ilustres senadores no pondrían en cuestión el criterio de los jueces del máximo tribunal del país.
El elegido, el fiscal José Morales, no obtuvo los 33 votos necesarios por ausencia, rechazo o abstención de varios legisladores de oposición y unos cuantos de la coalición de gobierno, lo que dejó en evidencia la falta de control de los partidos de la alianza gobernante sobre sus parlamentarios y la baja influencia del Ejecutivo en sus propias huestes. Porque puede hasta resultar entendible el deseo de los opositores de propinar una derrota al gobierno, pero cuesta más comprenderlo en los supuestos partidarios.
Nueva quina, nueva propuesta presidencial y los demonios se desataron. La UDI y en particular su vocero, Iván Moreira, advirtió de antemano que su colectividad no aceptaría por ningún motivo a la abogada Marta Herrera, argumentando que había sido parte del equipo del anterior fiscal Jorge Abbot, de criticada gestión.
Imposible no recordar que Herrera era jefe jurídica y de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público cuando varios dirigentes de la UDI se vieron envueltos y acusados por el financiamiento irregular de la política en los casos Penta, Soquimich, Corpesca y otros.
La nominación de Marta Herrera por parte del presidente Boric fue entendida, entonces, como un desafío para quienes fueron afectados por investigaciones de corrupción, entre los que no hay sólo representantes de la derecha.
Así, en una audiencia de seis horas, llena de agresividad y descalificaciones contra la postulante, el nombre de Herrera fue rechazado.
El espectáculo continúa plagado de acusaciones contra todo y todos. Las relaciones cercanas del candidato Ángel Valencia con la UDI –es profesor en la Universidad San Sebastián y fue a comer a la casa de Andrés Chadwick, decano en esa casa de estudios, el mismo día que se rechazó el nombre de Herrera– han cubierto con un manto de duda su nombre, instalándolo como el candidato de ese partido.
En paralelo, salieron al sol las actuaciones del actual fiscal nacional subrogante y nuevo integrante de la quina, Juan Agustín Meléndez, contra el entonces senador y actual diputado Karim Bianchi.
Y para completar el cuadro, la abogada Karina Fernández, una de las once participantes del concurso disponibles para integrar una nueva quina, anunció su retiro del proceso por considerar que hay “actores estatales que han demostrado desconocer el rol y la dimensión del Ministerio Público, alejándose del análisis del mérito y capacidades de las candidaturas que exigen los estándares internacionales”.
A lo anterior se agregan los dardos que apuntan a la falta de pericia de las ministras Ríos y Uriarte para conseguir los votos, mientras del otro sector señalan a Moreira y compañía, aduciendo que no debieron participar en una votación en la que tenían conflicto de interés y sobre la cual, además, se habían pronunciado anticipadamente. El exabrupto del mentado senador contra un periodista que se atrevió a preguntarle por ese aspecto merece nota aparte.
Ahora, es esperable una nueva quina o un nuevo concurso, donde la idoneidad de los postulantes sea indiscutible y las rencillas y cobro de facturas ceda paso a cierta altura de miras. Cabe esperar, también, que el o la finalmente elegida(o) no responda a compromisos con las élites políticas de ninguna clase, sino con el bien de todos los ciudadanos.
