Ayotzinapa, a ocho años de uno de los casos más brutales de desaparición forzada en democracia

El 26 de septiembre de este 2022 se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, siendo reconocido por el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia como «crimen de Estado».

Por CAMILA BARACAT / Foto: ARCHIVO

Cada año, los estudiantes rurales y jóvenes mexicanos se reúnen a conmemorar la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, donde fueron asesinados cientos de estudiantes por parte del ejército mexicano y un grupo paramilitar. El 2005, el hecho fue reconocido como genocidio y crimen de lesa humanidad.

Dentro de la conmemoración anual, los estudiantes de Ayotzinapa viajaban hasta Ciudad de México para llegar a la marcha, saliendo varios días antes para poder llegar a la fecha. El 2014 fue un año para no olvidar, 43 estudiantes hechos desaparecer despiertan la búsqueda incesante de sus familiares y amigos. Clemente Rodríguez, padre de Cristián, uno de los estudiantes desaparecidos, comenta la importancia de la fecha para los normalistas: “El 2 de octubre se asume como un compromiso, pues al estudiar en Ayotzinapa se establecen deberes con las luchas sociales, sólo que ese año se abordó un camión (un bus) equivocado, lleno de droga, de armas, que es la hipótesis que más hace sentido tras las investigaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Las autoridades confirmaron que el ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que ocurriera el ataque. Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos. Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos, parte de la Marina, manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

Omar Trejo, el funcionario designado en 2019 como fiscal titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación por la desaparición de los 43 normalistas renunció el día de ayer al caso. Según López Obrador, la renuncia se debe as supuestamente, que “no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión”, precisó. (infobae.com).

En su momento, Omar Gómez dio a conocer la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero (dos de los jóvenes normalistas desaparecidos), cuyos restos fueron localizados luego de seis años en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, sin marcas de fuego, donde las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto aseguraban que los estudiantes habían sido incinerados.

El gobierno de López Obrador considera que este hallazgo «derrumba» la «verdad histórica» de Peña Nieto, que había establecido que policías de Guerrero habían detenido a los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre en la capital. La versión de la administración de Peña Nieto, que llamó «la verdad histórica», indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.

Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la «verdad histórica», al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

El 19 de agosto fue detenido Jesús Murillo Karam, acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia. Murillo, quien había sido fiscal general del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes, generando falsas detenciones y acusaciones, hoy se encuentra en prisión preventiva.

El gobierno de México también busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la «verdad histórica», acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno. Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios del gobierno se reunieron con Zerón en Tel Aviv, en febrero, para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

El actual presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, declaró que la “creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. Se trató de un crimen de Estado”.

América Latina tiene un historial de violencia y sometimiento de más de quinientos años, la violencia de Estado ha sido sostenida en la región tanto en dictadura como en democracia, convirtiéndose en una práctica inherente a los estados. La desaparición de 43 estudiantes marca un quiebre en los procesos de lucha y reparación en toda América Latina, un retroceso. A ocho años nos seguimos preguntando ¿dónde están?

“Mientras yo no tenga una prueba de que mi hijo está muerto, yo sigo esperando verlo vivo y por eso voy a seguir luchando”, señaló Blanca, madre de uno de los normalistas desaparecidos (https://radiojgm.uchile.cl/).

“Y ahora y ahora serás indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” (Madres y Padres de Ayotzinapa).