Entra en vigor nueva norma de seguridad privada
La Ley 21.659 comenzará a regir este viernes, elevando estándares técnicos, formación y fiscalización para empresas y trabajadores del sector.
La seguridad privada tendrá un nuevo marco regulatorio / Foto: ARCHIVO
La Ley de Seguridad Privada debutará con impacto directo en más de 60 mil trabajadores y en compañías clasificadas con riesgo medio o alto.
La implementación exigirá mayores requisitos operativos, modernización tecnológica y nuevos procesos internos para firmas que contraten servicios de protección.
Autoridades y actores privados afinan protocolos para el nuevo marco regulatorio. Durante el seminario organizado por ALTO Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, afirmó que la norma “fortalecerá la relación público-privada”, destacando que establece “estándares más altos, fiscalización reforzada y mejor preparación para guardias y vigilantes”.
Desde ALTO Chile indican que el cambio más inmediato será la necesidad de inversiones destinadas a actualizar planes de seguridad, infraestructura física, tecnologías y procedimientos internos.
Su representante legal, Eduardo Hernández, detalló que el sector es cauto al esperar la regulación específica para definir inversiones, anticipando un proceso de profesionalización más acelerado.
Transición diferenciada
El mayor desafío recaerá en venta de combustibles, bancos, servicios vinculados al giro bancario y transporte de valores. Estas industrias deberán cumplir las adecuaciones en seis meses desde la entrada en vigencia.
Las demás entidades obligadas contarán con hasta dos años, dependiendo de su notificación y clasificación de riesgo. Hernández advirtió que convivirán compañías operando bajo el nuevo estándar y otras aún sujetas al marco anterior.
La ley crea el Registro de Seguridad Privada, administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, compuesto por seis subregistros. Uno de ellos será el Subregistro de Sanciones, que reunirá infracciones cometidas bajo la normativa actual. La información será de carácter reservado, con acceso limitado a autoridades y entidades autorizadas.
La Subsecretaría deberá consolidar y sistematizar volúmenes significativos de datos para su funcionamiento.
