Columna de Felipe Portales: El tiempo como escudo del poder político
La absolución en el caso SQM reabre la discusión sobre los límites reales del control democrático frente al financiamiento irregular.
Longueira, Enríquez-Ominami y Contesse, tres personajes relevantes del caso SQM / Foto: ARCHIVO
Chile enfrenta un ciclo repetido donde las investigaciones por financiamiento de campañas avanzan lentamente, pierden fuerza y terminan sin sanciones contundentes.
La reciente absolución de ocho involucrados en el caso Soquimich evidenció una dinámica conocida: mientras la justicia se demora, la responsabilidad se diluye y la confianza ciudadana se erosiona.
Antecedentes que marcaron el escenario
Los vínculos entre empresas influyentes y dirigentes políticos no surgieron en el último juicio. El Caso Penta reveló boletas emitidas sin prestación real de servicios para desviar recursos hacia campañas electorales.
En el caso relacionado a SQM, se calcula que entre 2009 y 2014 circularon más de 14 millones de dólares por medio de asesorías inexistentes y servicios simulados para diversos sectores políticos, consolidando una red transversal de influencia.
La ausencia de sanciones ejemplares
La falta de consecuencias claras responde a varias causas estructurales:
-Procesos judiciales extendidos que superan plazos razonables, debilitando acusaciones y favoreciendo absoluciones.
-Una arquitectura legal que permitió flujos financieros opacos sin herramientas de control efectivas.
-Convergencia de intereses entre poderes económicos y dirigencias partidarias, que reduce incentivos para transformar el sistema.
-Sentencias que, en su mayoría, no generan impacto político ni desincentivo real.
Efectos sobre la democracia y la legitimidad institucional
La percepción de privilegio en sectores con influencia económica y política deteriora la participación ciudadana.
La idea de que la ley se aplica de manera diferenciada debilita la confianza, fractura el vínculo entre representantes y electores y favorece la desafección pública.
No es sólo una controversia judicial, sino una tensión que afecta la base democrática.
¿Qué camino permitiría recuperar credibilidad?
La transparencia debe reforzarse con mecanismos que aseguren trazabilidad financiera, fiscalización independiente y procesos judiciales expeditos.
La ciudadanía requiere señales visibles, equivalentes a justicia oportuna, con fallos que realmente disuadan prácticas irregulares. Sin acciones firmes, la norma implícita seguirá siendo que los costos políticos son asumibles y reversibles con el paso del tiempo.
