Revelan asignaciones irregulares en Serviu de Tarapacá
La Contraloría General de la República acreditó falta de control, ausencia de expedientes y asignaciones discrecionales en subsidios de arriendo destinados a personas vulnerables.
El informe expone que Serviu incumplió deberes básicos de control en el programa para personas con discapacidad. Foto: ARCHIVO (REFERENCIAL)
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Tarapacá.
Las fallas se produjeron en la administración y entrega del subsidio de arriendo entre 2023 y 2024. La investigación verificó que el organismo estatal otorgó beneficios vulnerando criterios de puntaje y sin la verificación necesaria del destino final de los recursos.
El informe, además, expuso que el servicio incumplió deberes básicos de control en un programa dirigido especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad. En estos casos, la selección exige mayor rigurosidad debido a la naturaleza social de los subsidios.
Discrecionalidad improcedente
El informe final 391 de 2025 fue categórico. Constató que en nueve casos auditados no existían expedientes de postulación ni contratación, lo que impidió trazar la legalidad de los beneficios.
La auditoría observó también 15 resoluciones en que el Serviu invocó normas de excepción para asignar subsidios de manera directa. Pero lo hizo sin fundamentos administrativos ni jurídicos que justificasen saltarse el proceso regular.
En el llamado especial de 2024 la situación quedó aún más expuesta. El organismo excluyó a postulantes con mejor puntaje que los beneficiados, lo que vulneró los principios de igualdad y transparencia que rigen los concursos. Aunque posteriormente se rectificó, el hecho marcó una discrecionalidad improcedente.
Ni igualdad ni transparencia
También la Contraloría constató ausencia sistemática de visitas de control. En total, 69 subsidios no tuvieron supervisión en terreno y otros 59 fueron fiscalizados fuera de plazo. Esa omisión tuvo efectos concretos en el uso de los recursos públicos.
En al menos dos viviendas, los auditores encontraron ocupantes que no correspondían a los beneficiarios, lo que infringe las bases del programa.
Frente a la contundencia de los hallazgos, Contraloría instruyó al Serviu iniciar un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades y adoptar medidas correctivas. El objetivo es restituir estándares mínimos de probidad y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente cumplen los criterios.
El documento advirtió que la gestión del organismo deterioró la confianza en las políticas habitacionales. “La actuación del Servicio no se ajusta a los criterios de igualdad y transparencia que rigen la asignación de los programas”, concluyó el informe.
