Admiten querella por fraude contra la senadora Camila Flores

El Juzgado de Garantía de Valparaíso dio curso a la acción judicial contra la política de Renovación Nacional, por uso irregular de asignaciones parlamentarias.

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Por El Ágora
Actualizado el 21 de abril de 2026 - 11:31 pm

Camila Flores defiende su inocencia: “Son acusaciones sin sustento”, afirma. Foto: ARCHIVO

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella por fraude en contra de la senadora Camila Flores (Renovación Nacional). 

El escrito de los abogados Luis Mariano Rendón e Ymay Ortiz acusa a la parlamentaria de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

La acción judicial se origina en antecedentes que apuntan a un eventual mecanismo de recaudación irregular al interior de su equipo. Se denuncia que parte de los sueldos derivados de la dieta parlamentaria habrían pasado nuevamente a manos de la legisladora, por entonces diputada.

Según lo expuesto en la querella, el sistema -denominado informalmente “la cuota Flores”- habría operado mediante la contratación de colaboradores con cargo a asignaciones parlamentarias. Sin embargo, un grupo de ellos, posteriormente, restituía una fracción de sus ingresos a la política.

Un ex colaborador sostuvo que “a trabajadores contratados se les exige entregar una parte significativa de sus sueldos en efectivo”. La acción, en caso de comprobarse, configuraría el delito de apropiación de recursos públicos.

¿Acuerdos de palabra?”

El abogado Rendón cuestionó la falta de acciones previas desde el ámbito político. “Es lamentable que no haya persecución de estos graves delitos desde los mismos estamentos políticos”, afirmó.

En tanto, la senadora negó categóricamente las acusaciones y atribuyó la acción judicial a motivaciones externas. “Tiene una intencionalidad muy específica (…) Estoy segura de que podremos probar mi inocencia. No me van a amedrentar, no me van a callar”, sostuvo.

Con la admisibilidad de la querella, el caso entra en una fase preliminar. Lo que sigue es la recopilación de antecedentes y definir si existen méritos suficientes para avanzar en una investigación formal.

El foco estará en determinar si hubo acuerdos indebidos y de palabra para la contratación de colaboradores pagados parcialmente por recursos destinados a labores legislativas.