Querella por falso secuestro de concejal en San Felipe
Municipio acusa irregularidades en relato de la autoridad comunal y lleva el caso a la justicia tras revelaciones sobre uso de viáticos para comprar droga.
Ronald Olivares (independiente) es concejal desde 2024 / Foto: ARCHIVO
Un giro judicial sacude a la Municipalidad de San Felipe luego de que se confirmara una querella contra el concejal Ronald Olivares, quien previamente denunció haber sido víctima de un secuestro, versión que hoy está bajo cuestionamiento.
La acción fue anunciada por la alcaldesa Carmen Castillo, quien argumentó la existencia de inconsistencias en la declaración del edil, lo que activó la obligación legal de denunciar.
“Efectivamente, estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares (…) que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar”, señaló la jefa comunal.
Hay que señalar que el concejal, que llegó al cargo con apoyo del Partido Demócratas, tiene un historial conflictivo, que incluye antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, microtráfico y lesiones.
De denuncia a investigación judicial
El caso se remonta a enero de 2025, cuando el concejal aseguró haber sido secuestrado. Sin embargo, antecedentes posteriores —incluyendo su propia declaración— abrieron dudas sobre la veracidad del relato inicial.
Desde el municipio explicaron que, al tratarse de funcionarios públicos, existe el deber de actuar frente a eventuales irregularidades. “Esto (…) nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades”, agregó la alcaldesa.
Uso de viáticos bajo cuestionamiento
Uno de los elementos clave del caso es el uso de recursos públicos. Según los antecedentes conocidos, el concejal habría destinado cerca de $350 mil —correspondientes a viáticos de una actividad institucional— en consumo de drogas durante una estadía en Viña del Mar.
En su testimonio ante Carabineros, el propio Olivares relató que salió con “la finalidad de comprar cigarros y falopa”, tras lo cual habría sido trasladado por terceros a un asentamiento precario.
“También, durante la estadía en ese lugar, realicé varias transferencias de dinero (…) era para seguir comprando droga”, declaró, asegurando además que se sentía “intimidado por estos sujetos”.
La querella ya fue ingresada y deberá ser evaluada por los tribunales para su admisibilidad. Desde el municipio recalcaron que, una vez que avance la causa, se podrán entregar más antecedentes sobre el caso.
El episodio abre un flanco institucional en la comuna, donde ahora será la justicia la encargada de determinar si existió falsedad en la denuncia y eventual mal uso de recursos públicos.
