Reportaje: El remedio es peor que la enfermedad en los megaeventos deportivos en Chile
Desde el término de los Juegos Panamericanos 2023, hubo un discurso oficial del gobierno de que Chile es un país organizador de grandes eventos deportivos. Pero para lograrlo, hay que ser eficientes, probos y respetar normas y leyes.
El éxito de Santiago 2023 les abrió el apetito a muchos en Chile / Foto: ARCHIVO
Nadie duda de que las obras de infraestructura realizadas a un alto costo para los Juegos de Santiago 2023, como también lo atractivo de sus competencias y la tranquilidad con que la ciudadanía los disfrutó, son un importante legado para nuestra sociedad. En lo que sí hay dudas transversales es que para organizar este tipo de actos masivos se requiere conocer en forma óptima el cómo usar correctamente los miles de millones de pesos que el Estado invierte en esos proyectos.
De hecho, en junio de 2024, el IND informó que en eventos multideportivos desarrollados en Chile -desde los Juegos Odesur de Santiago en 2014, los Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique en 2016 y los Juegos Sudamericanos Juveniles del 2017, también en Santiago-, se acumularon 9 mil millones de pesos sin rendir o se rindieron irregularmente. A eso habría que agregar lo que está sucediendo con Santiago 2023 respecto de sus balances aún inconclusos. La entidad creada para esa ocasión tiene fecha hasta noviembre de 2025 para poner al día sus rendiciones. Y que las aprueba el IND y la Contraloría General de la República.
No más corporaciones privadas
Fuentes cercanas a dicha Corporación aseguran que “el proceso de rendiciones de los Panamericanos y Parapanamericanos 2023 no será completa. Y que los recursos gastados que no se aprueben por la fiscalización tendrán que ser restituidos a las arcas fiscales”. La experiencia muestra que si los dineros sin aprobar no se devuelven al fisco, se tendrá que recurrir a la Justicia.
Para evitar repetir esa experiencia y conjugarla con la idea de continuar en la senda de organizar eventos deportivos nacionales e internacionales, las autoridades públicas del deporte llegaron a la conclusión, en 2024, que la mejor solución era que los eventos futuros no fuesen organizados por corporaciones privadas, como en Santiago 2023.
Israel Castro, director nacional del IND, informó en junio del año pasado que la fórmula sería que el Estado, a través de su institucionalidad (Mindep e IND), hiciera la gestión operativa de los eventos y, en paralelo, cada competencia, individual o multideportiva, tuviese un comité organizador en que estaría el organismo internacional del deporte en competencia, la federación nacional respectiva, el Comité Olímpico o Paralímpico, si fuese el caso, y el Estado.
Acatar la normativa vigente
Con esa fórmula, el fisco de Chile pone los recursos, los administra y gestiona, sin soltar las riendas del caso. Castro explicaba a El Mercurio la forma para evitar problemas en las rendiciones: “Independiente de la figura administrativa que se defina, los procesos de contratación, licitaciones y adjudicaciones estarán acordes a la normativa vigente”.
A fines de 2024, el IND dio el paso de crear al interior de su institución la nueva Unidad de Grandes Eventos Deportivos (UGED). Esta gobernanza no evita que las platas públicas usadas para esas ocasiones no tengan que rendirse. En este caso, el IND tiene que presentar los arqueos a su aparato interno, la Unidad de Rendiciones, la que a su vez debe ser fiscalizada por la Contraloría General de la República. Así, hipotéticamente disminuirían o acabarían los constantes problemas de las rendiciones mal ejecutadas en los eventos deportivos en nuestro país, financiados con platas de todos los chilenos y chilenas.
El entusiasmo del Presidente Boric
El deseo post Santiago 2023 de seguir en la senda de organizar competencias deportivas internacionales, no sólo se plasmó desde las autoridades públicas del deporte, con Jaime Pizarro, como ministro, o Israel Castro, como director del IND. También, el Presidente de la República Gabriel Boric ha sido uno de los principales pilares del tema.
Es más, el 1 de junio recién pasado, dentro de su última Cuenta Pública, el mandatario reafirmó en los 3.50 minutos dedicados al deporte, que Chile es un país organizador de grandes eventos deportivos internacionales. Ese tema tomó el 80% de sus palabras, no dedicando tiempo a materias tan relevantes como el 85% de sedentarismo en Chile (que nos convierte en el país con mayor obesidad en América Latina y el 14º en el mundo), como tampoco tratar el importante tema de la actual y futura Política Nacional de Actividad Física y Deporte.
De hecho, durante el 2025 habrá en Chile más de 15 competencias deportivas importantes y el Presidente Boric se refirió especialmente a cuatro, además de un relevante megaevento ya ganado para el 2027. Este año está la AmeriCup de Básquetbol Femenino (junio-julio), el Mundial de Fútbol sub 20 (del 27 de septiembre al 19 de octubre), el Mundial de Ciclismo en Pista (entre el 15 al 19 de octubre) y los Juegos Parapanamericanos Juveniles (desde 31 de octubre al 9 de noviembre). Para el 2027 se organizarán los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales, en los que participarán unos 150 países.
En paralelo, no olvidemos que también hubo varios actos públicos oficiales del Estado para difundir que Chile está en pleno proceso de postulación para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030, como también la idea de albergar los Juegos Olímpicos de verano en 2036. En definitiva, se está frente a un importante desafío organizativo y financiero. Todo indica que esta línea de acción se pretende sea una política de Estado, aunque todavía no aparezca como tal en ningún documento de estrategia deportiva para el Chile del presente y futuro.
Impasse con el fútbol
En el contexto de la misma Cuenta Pública ya referida, hubo un hecho que sorprendió. Más allá de la crisis sistémica del fútbol chileno y que éste, a través de la Federación, logró que la FIFA le diera a nuestro país la sede del Mundial sub 20, el Presidente Boric criticó duramente en su discurso al ente rector del balompié nacional, como también a los clubes profesionales. Lo hizo porque los responsabiliza por no trabajar correctamente el tema de la seguridad en los espectáculos deportivos.
A reglón seguido, al día siguiente, el 2 de junio, el periodista Juan Cristóbal Guarello denunció que el IND, por orden directa y escrita de la FIFA, dio los lineamientos a Israel Castro para pagar 190 millones de pesos al canal privado Chilevisión, sin mediar licitación alguna. Ese dinero tiene como fin que este canal privado organizara y transmitiera el sorteo del evento juvenil planetario. Una de las preguntas que quedó flotando en el ambiente es por qué el Estado de Chile recibía órdenes del ente mundial del fútbol. La respuesta a esa posible duda es porque el Ministerio del Deporte y el IND habían puesto en práctica (2024) que este último órgano del Estado era el responsable operativo de los grandes eventos en que el Estado ponía recursos.
Unidad de Grandes Eventos Deportivos
El 2 de diciembre de 2024, mientras Israel Castro se hallaba en la ciudad colombiana de Bucaramanga, encabezando la delegación de Chile en los Juegos Deportivos Sudamericanos Escolares, la directora subrogante del IND, Lorena Castillo Cabrera, firmó la Resolución Exenta N° NC-03955/2024. En la resolución, su considerando número 6 incluye la creación de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos (UGED). Dice: “Con el propósito de fortalecer el proceso de modernización institucional, optimizar y promover la eficacia y eficiencia en los procesos de gestión, mantenimiento y operación asociados a la organización de eventos internacionales en los que participa el IND, es que se ha estimado pertinente la creación de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos”.
Consecuente o paradojalmente, quien lidera hoy el Comité Organizador del Mundial sub 20 de fútbol a realizarse en Chile, es Lorena Castillo Cabrera, jefa de la División de Administración y Finanzas del IND, la misma funcionaria que firmó la resolución indicada y que mensualmente gana la suma de 7.5 millones de pesos brutos.
Gestiones ágiles y tramitaciones precarias
En la misma Resolución 03955/2024, el Resuelvo número 1 trata la delegación de funciones en cargos y jefaturas de esa Unidad y también para delegar facultades. Al respecto, se expresa que el “Director/a Ejecutivo/a de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos, a cuyo cargo estará la dirección y supervisión de los procesos de gestión, mantenimiento y operación asociados a la organización de eventos internacionales en los que participa el IND, coordinando, además, el correcto uso de los recursos asignados a dichos eventos, como también evaluando la pertinencia de suscribir, renovar o finalizar convenios que resulten necesarios para la ejecución de dichos eventos, como planificar y supervisar las contrataciones para los servicios requeridos…”
Al haberse puesto en marcha lo que indica la Resolución del IND en cuanto hacer funcionar la Unidad de Grandes Eventos Deportivos, expertos en administración pública opinan que esta instancia pública incumple con un amplio espectro de leyes.
Cuatro ejemplos de muchos que se pueden entregar. Primero, para crear la UGED hubo que modificar la estructura orgánica del IND, lo que se hizo sin contar con la visación y visto bueno de la Contraloría General de la República.
Segundo, se ejercen funciones públicas en temas de logística, jefaturas y gestión por personas sin un vínculo jurídico válido con el Estado de Chile. Esto impide que las funciones públicas se desempeñen por funcionarios debidamente nombrados.
Tercero, se han realizado muchas contrataciones a profesionales o técnicos para que ellos cumplan funciones estructurales y que debieran ser cumplidas por funcionarios públicos.
Cuarto, hay órdenes de compra que bordean los márgenes de la ley 19.886 sobre compras públicas. Por ejemplo, servicios por millones de pesos gestionados como “compra ágil” -una modalidad pensada para compras menores y de baja complejidad- o trato directo sin que se documenten debidamente los fundamentos de excepción.
Unidad fáctica
Al presente, la Unidad de Grandes Eventos Deportivos del IND, que funciona físicamente en el velódromo Sergio Tormen Méndez del Parque Estadio Nacional , tiene al menos 35 personas contratadas. Por la dinámica de estos eventos, la mayoría a realizarse en el segundo semestre de este año, esa cantidad de personal debiera aumentar al menos en un 50 por ciento.
La UGED es dirigida por el peruano Gustavo San Martín Castillo, quien llegó a Chile en el 2022, luego de haber trabajado en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 y, posteriormente, haber sido presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD, equivalente al Mindep) desde noviembre de 2019 hasta enero de 2022.
En Santiago 2023 se desempeñó como director de Operación Deportiva del evento. El IND, por la positiva organización de los Panamericanos de Chile le ofreció trabajar con posterioridad en el Parque del Estadio Nacional, también como jefe de Operaciones, desde donde pasó a desempeñarse como director ejecutivo de la UGED.
En el actual cargo, San Martín, quien tiene estudios completos de educación secundaria, pero no título profesional, recibe un sueldo mensual bruto de 7.156.882 pesos. Esta cantidad de dinero la ganan muy pocos trabajadores/as en el Ministerio del Deporte y en el IND.
Facultades inapropiadas
El problema mayor y la principal irregularidad en torno a esta persona, como también de quien decidió su contrato y las funciones y prerrogativas que posee, es que no teniendo responsabilidad administrativa, no siendo funcionario público, cuenta con facultades que su contrato no le permiten tener.
Algunos casos: San Martín decide qué tipo de gastos se hacen con el presupuesto público que administra esta Unidad, monto que para el 2025 se eleva a la suma de 16.093 millones de pesos (cerca de 16 millones de dólares). San Martín también tiene la potestad de suscribir, renovar y suspender convenios, decidir las estrategias de contrataciones para los servicios que se requieran y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en relación a su cargo.
Por debajo de Gustavo San Martín y también teniendo contrato como Código del Trabajo, hay cuatro trabajadoras y tres trabajadores que son responsables de áreas como servicios, sedes, marketing, legal, planificación operativa, finanzas y prevención de riesgos. Ellos reciben ingresos brutos que van desde los $1.6 a los $3.6 millones. Al igual que Gustavo San Martín, estas personas no son empleados públicos, se le han delegado funciones como si lo fuesen y, por lo tanto, también están pasando a llevar las normas y leyes correspondientes.
Detrás de estas siete jefaturas, hay otras 57 personas contratadas a honorarios por el fisco, que tampoco pueden hacer labores de responsabilidad pública y varias de ellas sí lo hacen, y tienen sueldos brutos mensuales entre $1.6 y $3.8 millones.
Conclusiones: organizar no es sólo hacer una fiesta
Primero: compras públicas, pagos directos y funciones difusas muestran que la vitrina de los megaeventos se sostiene por un aparato que bordea y, en parte, transgrede lo que la ley permite.
Segundo: En lugar de funcionarios públicos contratados conforme al Estatuto Administrativo, gran parte del personal de la UGED ha sido contratado bajo régimen de honorarios o por el Código del Trabajo: sin concursos, sin subordinación jerárquica en el sentido estricto, pero con atribuciones que, por normativa, sólo pueden ejercer empleados públicos.
Tercero: la Dirección Nacional del IND ha validado este modelo a través de resoluciones exentas que no cumplen con los estándares exigidos por la Contraloría General de la República para la creación formal de unidades organizacionales. Falta el acto fundante que habilite a la UGED como estructura operativa con presupuesto, personal y atribuciones definidas. Mientras no exista ese acto, toda acción que derive de esta unidad es jurídicamente vulnerable.
Cuarto: los documentos internos y los presupuestos revisados muestran que no existe aún un marco normativo integral para el funcionamiento de la UGED. Se opera con resoluciones que no generan competencia jurídica y con personal que no cumple el estándar legal para ejecutar gasto público.
Quinto: ¿Significa lo anterior que todas las personasi involucrados han actuado mal? No necesariamente. Muchos de seguro ingresaron de buena fe, sin conocer los límites legales. Entonces, de no remediarse lo mal hecho, el escenario que viene puede ser incierto: investigaciones, revisiones administrativas, cuestionamientos desde el Congreso y posibles reparos de la Contraloría.
Lo que sí parece claro es que cuando las luces del espectáculo se apaguen, lo que quedará será el expediente administrativo. Y en ese expediente, todo debe estar en regla.
Como dijo alguna vez un dirigente deportivo europeo: “Organizar no es sólo una fiesta. Es una responsabilidad pública”. Y esa, hasta ahora, no todos parecen haberla entendido.
