Presidente Boric exige a la FACh entregar datos por caso de drogas
Gabriel Boric instruyó a la Fuerza Aérea a entregar los antecedentes de cinco uniformados sorprendidos con droga antes de un vuelo institucional. La Fiscalía acusa obstrucción y exige que el caso pase a la justicia civil.
La instancia se dio en una reunión del Presidente con los comandantes en jefe de las FFAA / Foto: PRESIDENCIA
El Presidente Gabriel Boric intervino directamente en la controversia que enfrenta a la Fiscalía regional de Tarapacá con la Fuerza Aérea de Chile (FACh), luego de que esta última se negara a compartir los antecedentes de cinco de sus funcionarios detenidos por presunto tráfico de droga.
El caso estalló el sábado 5 último, cuando la FACh informó que, gracias a controles preventivos, se había detectado un intento de traslado de sustancias ilícitas por parte de miembros de la Primera Brigada Aérea de Iquique, justo antes de abordar un vuelo hacia Santiago. A pesar de la gravedad del hecho, la institución mantuvo la investigación bajo la jurisdicción de su Fiscalía de Aviación, lo que generó un conflicto con el Ministerio Público.
Fiscalía: “La droga no llegó sola, esto es crimen organizado”
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, denunció que la FACh negó formalmente la entrega de información solicitada, situación que calificó como inaceptable. Según sus declaraciones, ni siquiera se ha podido determinar con certeza el tipo de droga incautada, aunque se presume que sería ketamina, una sustancia usada por redes criminales como el Tren de Aragua.
“Esto es un delito común que afecta la salud pública. No corresponde que sea juzgado por tribunales militares”, señaló la persecutora, quien acudió a la Corte de Apelaciones de Iquique y al Tribunal de Garantía para resolver la contienda de competencias.
Debate por justicia militar: ¿Protección o encubrimiento?
El epicentro del conflicto radica en la disputa sobre qué tipo de justicia debe abordar el caso. Mientras la FACh defiende su competencia argumentando que los hechos ocurrieron dentro de un recinto militar y que los involucrados son parte de sus filas, desde la Fiscalía se insiste en que la Ley 20.000 -que regula el tráfico de drogas- es de carácter civil y debe investigarse como tal.
Steinert fue categórica: “No estamos en tiempos de guerra. Las excepciones que justifican la justicia militar no aplican en casos de narcotráfico. Aquí se busca proteger a la ciudadanía, no a una institución”.
El rol del Gobierno en un caso que incomoda a las FFAA
La reunión de Boric con los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la FACh en La Moneda marcó un giro en el tratamiento del caso. El primer mandatario instruyó que se cumpla el artículo 19 del Código Penal, el cual establece la obligación de colaborar con el Ministerio Público en delitos comunes.
La intervención presidencial tensiona aún más la situación, mientras se espera que la Corte defina cuál será el tribunal competente. En paralelo, el Ministerio Público mantiene su postura firme: este caso debe investigarse a fondo, sin privilegios ni reservas institucionales.
