Investigan a diputada Karol Cariola por gestión ante un juez local
El Ministerio Público abrió una nueva causa contra la parlamentaria del Partido Comunista, esta vez por presuntas gestiones personales ante un tribunal de Casablanca en 2022.
Karol Cariola enfrenta una segunda línea investigativa dentro del caso Chinamart, luego de que la Fiscalía accediera a conversaciones extraídas desde su celular que revelarían una gestión personal ante el Juzgado de Policía Local de Casablanca. Según antecedentes del Ministerio Público, la diputada habría pedido ayuda al ex alcalde de la comuna, Francisco Riquelme, para interceder en un proceso judicial que buscaba evitar la suspensión de su licencia de conducir.
El diálogo entre ambos, ocurrido en 2022, indica que Cariola recurrió a Riquelme -actual director regional del Senadis en Tarapacá- para gestionar un contacto directo con el magistrado del tribunal local. En respuesta, el ex alcalde le sugirió hablar con la secretaria del juzgado, señalando que ya había coordinado el acercamiento.
Fiscal de Coquimbo ordena nuevas diligencias
La conversación fue calificada como relevante por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien instruyó diligencias a la Brigada Anticorrupción de la PDI. La investigación incluye la toma de declaraciones a Riquelme y a la funcionaria judicial Patricia Cuadros, además de requerir el expediente completo vinculado a la infracción de tránsito.
Aunque esta causa no está vinculada directamente al núcleo del caso Chinamart -donde Cariola y la alcaldesa Irací Hassler están siendo investigadas por presunto tráfico de influencias en favor de empresarios chinos-, la fiscalía no descarta que este nuevo episodio apunte a un posible “modus operandi” de la parlamentaria: solicitar gestiones a autoridades públicas en beneficio propio.
El mensaje que encendió las alertas
En uno de los mensajes detectados, la parlamentaria agradece la intervención al ex alcalde, indicando que “le fue bien dentro de lo malo”, lo que podría acreditar que la gestión tuvo algún efecto concreto ante el juzgado.
Este tipo de prácticas, de ser confirmadas, podría abrir una arista penal autónoma, más allá del caso principal por tráfico de influencias.
