Contraloría alerta graves fallas en licencias municipales
La Contraloría General reveló irregularidades en la entrega de licencias de conducir en La Granja y San Ramón, incluyendo permisos concedidos a personas privadas de libertad, condenados por delitos y deudores de pensiones alimenticias.
Una auditoría de la Contraloría General de la República evidenció un patrón grave en la emisión de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, donde se aprobaron trámites que contravienen la normativa vigente y vulneran el estándar de control administrativo exigido para este tipo de documentación.
En el caso de La Granja, el informe detectó que tres personas privadas de libertad obtuvieron licencia mientras cumplían condena, pese a que la Ley de Tránsito obliga a rendir presencialmente las evaluaciones sensométricas y psicométricas.
Además, el cruce de datos con el Registro Civil identificó 884 permisos otorgados entre 2018 y 2024 a personas condenadas, lo que refuerza el hallazgo de permisividad irregular dentro del proceso de emisión.
A lo anterior se suma la entrega de 83 licencias a inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes mantenían obligaciones impagas por un total equivalente a 11.111,911 UTM, según el reporte del ente fiscalizador.
Conflictos de interés y manejo interno deficiente
El organismo también detectó cinco casos donde funcionarios municipales intervinieron en procesos vinculados a familiares directos, participando en exámenes, evaluaciones médicas o autorizando licencias como directores de tránsito, lo que configura un conflicto de interés directo.
En materia documental, Contraloría verificó un manejo deficiente de expedientes: licencias almacenadas en contenedores improvisados, material apilado en el suelo y documentos vencidos en mal estado, lo que constituye una infracción a los estándares mínimos de archivo y trazabilidad administrativa.
San Ramón: irregularidades similares
En San Ramón, la fiscalización detectó un caso adicional donde una persona privada de libertad obtuvo su licencia, lo que llevó a Contraloría a ordenar la paralización del sumario municipal y asumir directamente la investigación del expediente.
El informe también revela la entrega de 73 permisos a personas condenadas entre 2023 y 2024, además de 55 licencias otorgadas a deudores de pensiones alimenticias.
Asimismo, se constató la aprobación de trámites sin los exámenes requeridos, omitiendo evaluaciones como coordinación motriz, visión de colores, audiometría, perimetría y examen psicosensométrico, contraviniendo el estándar mínimo para habilitar a un conductor.
