Columna de Nicolás Henríquez: ¿Podemos hablar de justicia educativa en Chile si el sistema no funciona bien?

Las expectativas familiares de la mayoría de la población comienzan a difuminarse con el transcurso de los años de escolaridad, lo que es evidente si lo que se enseña en nuestras escuelas y liceos no responde a las expectativas inmediatas, concretas y económicas.

Por NICOLÁS HENRÍQUEZ SUAZO / Foto: ARCHIVO

Se inicia un nuevo año escolar y las esperanzas de un futuro distinto de miles de familias, que esperan eso en la educación de sus niños, niñas y adolescentes, nuevamente se ven condicionadas por aspectos que no dependen de ellos, sino de un sistema educativo que en general no funciona.

Así entonces, a las ya sabidas diferencias entre sistemas educativos municipales, servicios locales, particulares subvencionados y privados, se suman elementos que perjudican sobre todo a los sectores más pobres de la población.

Por décadas las principales críticas hacia la educación escolar chilena pasaban principalmente por la asignación de recursos y mejoramiento de las condiciones para quienes se desempeñaban (desempeñan) en el sistema. Entonces uno de los elementos centrales era el tema salarial y de condiciones laborales. La inclusión de mejoras desde los años 90 del siglo pasado hasta ahora no se deben desconocer y han sido significativas desde distintos aspectos, pero a juicio de muchos y muchas el sistema educativo chileno si hay algo de lo que carece es de justicia.

Entender las transformaciones basadas en criterios de justicia educativa es la clave para la transformación de un sistema cruel, inhumano, despersonalizado y aplastante principalmente para los sectores pobres del país. El sistema no funciona de igual manera para todos y todas, ya sean estudiantes, docentes, asistentes, directivos y apoderados y apoderadas.

En el caso de niños, niñas y adolescentes en su mayoría no saben para que se preparan. No le encuentran sentido a lo que se les enseña, porque no responde a sus intereses locales y cercanos. La educación universalista rompe y no se relaciona con el diario vivir.

Las expectativas familiares de la mayoría de la población comienzan a difuminarse con el transcurso de los años de escolaridad, lo que es evidente si lo que se enseña en nuestras escuelas y liceos no responde a las expectativas inmediatas, concretas y económicas.

En el caso de los y las docentes, las cargas laborales no se relacionan a objetivos directos, las presiones que sienten en sus ámbitos de trabajo son quizá mayores a las de antes, las tareas sin sentido se han multiplicado y los conflictos sociales son desbordantes. Lo mismo pasa con los asistentes de la educación.

Mientras esto se mantenga no habrá cambios para quienes desde la profundidad de las urgencias más lo necesitan. La discusión se debe centrar en el hacer.

Chile se debe abrir a poner en discusión el concepto de “justicia educativa”. A los necesarios cambios administrativos se debe sumar una manera nueva que vincule de buena forma procesos curriculares ajustados a los requerimientos del constructo social aceptando la pluralidad cultural, social, geográfica, étnica, religiosa, entre otras, así como la diversidad que significa atender aptitudes e intereses diversos.

No podemos entender principios de justicia educativa sin pensar nuevamente en lo que se enseña. Creo fielmente que entender un cambio educacional que asuma la justicia educativa debe considerar la igualdad de oportunidades. Es decir, destacar la potencialidad que tiene cada estudiante, asegurada por derecho a poder acceder a todas aquellas posibilidades que la sociedad ofrece, de las cuales no se puede ser excluido, a no ser por una iniciativa o decisión propia de no querer acceder a alguna de estas posibilidades.

Entonces es urgente para Chile convocar a todos los actores y actrices del proceso educativo a repensar un sistema educacional que hoy no ofrece igualdad de oportunidades.

Si el sistema sólo apunta a brindar acceso a la educación a toda la población estudiantil, sin distingo del nivel socio económico de los estudiantes, sus procedencias étnicas o culturales y cualquier otra variable que tenga un notorio poder discriminatorio, es un sistema condenado a repetir buenas prácticas sólo para algunos sectores, desprotegiendo y vulnerando derechos principalmente donde habitan sectores más vulnerables de la población, considerando además a estudiantes provenientes de las comunidades extranjeras en Chile que vienen de los países más pobres de la región.

Finalmente, la construcción de justicia educativa en Chile implica revisar dos elementos significativos centrales. Por un lado, debe ser un proceso abierto y de identificación colectiva donde el liderazgo dentro de las comunidades escolares es fundamental y aunque el Estado y su administración sea el principal responsable, éste se debe autoexigir la participación de actores en una nueva política educativa. Además, es urgente repensar en las circunstancias que vivimos y el estado de las cosas. Estamos a tiempo de repensar nuestro sistema entendiendo la modificación de las cosas sin tanto idealismo, pero con una cuota de realidad sobre el ejercicio de los derechos sociales y civiles de nuestra población, que nunca ha estado ajena a los cambios que vive.

Nicolás Henríquez Suazo

Profesor de Estado en Historia y Geografía. Magíster en Educación.

Investigador en Educación en el área de Justicia Educativa y desarrollo de procesos educativos.