Advierten sobre falencias en la ley de incendios
Académicos señalan que el proyecto se centra en sanciones y no en la prevención, en medio de dudas sobre el cambio de uso de suelo.
Los incendios son pan de cada día en cada temporada estival. Foto: ARCHIVO
Luego de dos años de ingresada al Congreso, la ley de incendios volvió a la agenda tras los incendios en Ñuble y Biobío.
La propuesta, despachada por la Cámara en 2024, quedó detenida en la Comisión de Hacienda del Senado, pese a la urgencia del Ejecutivo. Eso mantiene sin resolución uno de los proyectos más discutidos en materia de gestión de riesgo forestal.
Tras llamados del Presidente Boric, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, anunció que la propuesta será puesta en tabla. Sin embargo, cuestionó la falta de respaldo presupuestario. “Es un proyecto que no tiene financiamiento para 2026 (…) No estaba dentro de la lista de obligaciones comprometidas cuando discutimos el Presupuesto”, explicó.
Académicos de la Universidad de Santiago cuestionan que se prioricen multas y sanciones, y queden en segundo plano la infraestructura preventiva y el financiamiento sostenido.
Para Leoncio Briones, de la Facultad de Arquitectura, el diseño actual “se basa principalmente en castigos relacionados con los incendios forestales. Pero lógicamente no evitará que se sigan produciendo (…) Para eso es necesario trabajar en serio”.
La lectura es compartida por Jorge Morales Gamboni, ex director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Asegura que la ley “no tiene ninguna relación con las emergencias” y falla en incentivos. A su juicio, “es una propuesta que aumenta mucho las multas por no hacer cortafuegos (…) Pero no presenta ningún incentivo para que esas faenas se hagan realmente”.
Morales también puso foco en la capacidad operativa. “Podría hacer eso y mucho más, pero no tiene recursos financieros (…) La autoridad prefiere asignar plata para combatir incendios”.
Cambio de uso de suelo
El artículo más sensible es el que prohíbe el cambio de uso de suelo durante 30 años en zonas quemadas. Se rechazó por la oposición. Para el abogado ambientalista Jorge Aranda, la medida era fundamental para evitar proyectos inmobiliarios posteriores a incendios. “Cada vez que hay incendios, no es raro ver que sobre el suelo que se quemó se realice algún tipo de proyecto”, apuntó.
El académico explicó que la prohibición buscaba impedir que tras un siniestro se eludan planes de manejo de bosque nativo. “Si se quema, si hay un incendio, se puede evitar usar este plan de manejo”, señaló.
Para Morales, la restricción debería aplicarse solamente “si se demuestra un incendio intencional para tales efectos”. Y Briones advierte que existen “mejores alternativas para mitigar el problema” y que las limitaciones deben ser técnicas y no arbitrarias.
