Aborto: denuncias de médicos violan el secreto profesional

El país afronta un problema tanto judicial como social respecto al aborto, dejando así a 444 personas investigadas tras las denuncias. La Corporación Miles Chile ha creado un informe tomando la década de 2012-2022, dando a entender las vivencias de las mujeres o gestantes tras la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo. Como consecuencia, diariamente deben afrontar problemas penales, laborales, económicos, emocionales y sociales.

Los procedimientos se iniciaron en su mayoría por denuncia (436, lo que representa el 98,2%) y sólo ocho personas empezaron su proceso por querella (1,8%).

Si bien en el caso de 263 personas se desconoce quién realizó la denuncia (59,2%), en los 181 casos restantes la mayor cantidad de denuncias inician por personal de Salud, en todos los niveles de atención (87, que corresponde a un 19,6%), luego lo siguen las denuncias iniciadas por conocidos de las personas investigadas (66, que corresponden a 14,9%), e instituciones vinculadas con Justicia (13 que corresponden a un 2,9%).

De las 263 personas con respecto a las cuales se desconoce quién interpuso la denuncia, 114 se trata de mujeres o personas gestantes que recibieron atenciones hospitalarias post aborto, circunstancia que da a entender que la denuncia también se inicia desde el establecimiento sanitario.

Proceso investigativo

De lo anterior se desprende que la mujer que acceda a un servicio de urgencia ante un aborto es posible que sea derivada por un proceso investigativo o penal en calidad de imputada.

Esta violación al secreto profesional no sólo se manifiesta por medio del personal de la salud, sino que también por prestar declaración ante funcionarios de policía o entregar información médica no solicitada o no atingente a las causas, o sobre un número indeterminado de personas.

Denuncia por obligación

Dentro del contexto, la defensora penal y abogada Claudia Catelleti, señaló que “mientras el aborto siga siendo un delito, van a tener que denunciarlos, porque yo ahí entiendo a los médicos, porque la pregunta es: ‘Si yo no denuncio, ¿me van a hacer un sumario?’. Mientras el aborto siga siendo un delito, es muy probable que los médicos sigan denunciando, hayan o no interrogado a la mujer, hayan o no condicionado su atención de salud”.

La profesional agregó que “el aborto es una situación que es casi endógena en la estructura de todas las sociedades”. La pregunta es, ¿vamos a seguir sancionándolo penalmente? Y eso es algo que debe ser discutido tanto en lo social como en lo legislativo”.

Las consecuencias

Estas implicaciones trascienden el mero ámbito jurídico y se adentran en la esfera personal, social y económica de las involucradas, sufren daño psicológico producto de las denuncias improcedentes (por ejemplo, si se trató de un aborto espontáneo, o nunca existió un embarazo, o la víctima es inimputable).

Asimismo, todo proceso judicial acarrea diversas cargas: emocionales, económicas (traslado a audiencias, pago de multas, cauciones, o de donaciones, cuando son condiciones de la suspensión condicional del procedimiento), laborales (solicitud de permisos laborales), familiares (dificultad de asistir a actuaciones del proceso por labores de cuidado), entre otras.