Destituyen a la presidenta de Perú y asume el jefe del Congreso

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una severa crisis de inseguridad que atraviesa el país, tras una sesión convocada por bloques políticos de todos los espectros (*).

Con 123 votos de los 130 parlamentarios presentes, la presidenta fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022.

En su lugar, asumió como presidente interino José Jerí, un abogado de 38 años, quien tomó juramento del cargo a primera hora del viernes por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará elecciones generales en abril.

Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.

Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya ex presidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.

Una noche movida

Una amplía mayoría de legisladores votó el jueves para iniciar un debate sobre su destitución por motivos de “incapacidad moral” para gobernar, y convocaron a defenderse esa misma noche ante el Congreso. Sin embargo, la mandataria no se presentó y los parlamentarios procedieron a la votación.

Así los diputados peruanos pusieron fin al Ejecutivo de Boluarte menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que tuvo como último episodio un tiroteo durante un concierto en el sur de Lima.

“En consecuencia se aprueba la vacancia de la presidenta de la república”, anunció el jefe del Congreso, José Jerí, en la maratónica sesión, antes de asumir él mismo el rol.

Luego de que se rechazara la moción de censura, los legisladores también tenían la opción de elegir a otro congresista. Sin embargo, decidieron que el jefe del Congreso del partido Somos Perú tome el cargo. El líder, de 38 años, juró hasta julio de 2026.

“El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra”, afirmó el nuevo mandatario.

La defensa de Boluarte

Tras su destitución, Boluarte dijo que el Congreso la apartó del cargo “con las implicancias que eso tiene para la democracia del país”. Además se definió como “una persona demócrata y mujer que viene de lo profundo, ha sentido en carne propia las carencias y ha sabido trabajar por el bienestar de su pueblo”.

La mayoría parlamentaria había aprobado las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo. Los cuatro pedidos lograron más de 56 votos, con lo que se admitieron para que se debata posteriormente la vacancia presidencial, lo que implica que la presidenta pueda ir a defenderse en un juicio político en un plazo de entre tres y diez días.

Sin base de apoyo

Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia contra Boluarte, pero ninguno había prosperado debido a la protección que la mandataria tenía de los principales grupos. Sin embargo, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que la protegieron desde el inicio de su mandato, anunciaron durante la jornada que cambiaron su posición y que apoyarían los pedidos para destituir a la mandataria.

Más temprano, Boluarte había indicado en una actividad pública en el palacio presidencial que culminaría su gestión el 28 de julio de 2026.

Los ministros

En tanto, el gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acudió al Congreso con el fin de informar sobre las medidas para enfrentar la creciente criminalidad.

“La preocupación no se resuelve atendiendo una petición de vacancia y menos aprobándola. No nos aferramos al cargo, aquí estamos y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión y hoy con hidalguía podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte”, señaló.

El tiroteo que impulsó la medida

La crisis política estalló nuevamente durante la jornada luego que, en la noche del miércoles, se produjera un ataque armado en contra de uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, el cual dejó cinco heridos de bala. El ataque se considera una muestra más del alza incontenible de la criminalidad -en especial de los asesinatos y extorsiones- que el gobierno de Boluarte no pudo detener.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día, el entonces presidente intentó disolver el Parlamento, pero el Poder Legislativo contraatacó y lo removió del cargo por “incapacidad moral”. Ahora está detenido de forma provisional mientras se le juzga por presunta rebelión.

La ahora ex mandataria prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que fue removido, la presidenta no dimitió, lo que fue calificado como una traición.

En los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia, según datos oficiales. Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos casi todos por heridas de bala, incluidos ocho menores de edad. Según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.

Las acusaciones

La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.

Con la destitución, Boluarte pierde el fuero y podría ser eventualmente enjuiciada y condenada.

Actualmente, los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el parlamento.

(*) Nota del diario argentino La Nación.