Ratifican cárcel para mayor de Carabineros que disparó contra estudiante

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de cárcel efectiva para el mayor de Carabineros de Chile Rodrigo Sanzana Olhaberry, responsabilizado por un violento episodio ocurrido durante una manifestación en 2015 que dejó a un estudiante con graves secuelas oculares.

El fallo del tribunal de alzada respaldó la sentencia dictada en 2024 por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que estableció penas de tres años y un día de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, además de 61 días por denegación de auxilio.

Disparo dentro del campus universitario

Los hechos se remontan al 14 de mayo de 2015, en medio de una movilización convocada por el Colegio de Profesores de Chile en el centro de Santiago.

Durante esa jornada, un vehículo táctico policial ingresó al campus de la Universidad de Santiago de Chile. Desde el móvil descendió el entonces capitán Rodrigo Sanzana, quien lideraba un grupo de Fuerzas Especiales.

Según quedó establecido en el juicio, el oficial disparó un cartucho de largo alcance desde una carabina lanza gases directamente hacia un estudiante de 19 años que se encontraba a unos quince metros de distancia, sin que existiera una situación de riesgo que justificara el uso del arma.

Deniegan auxilio

El impacto del proyectil provocó lesiones de extrema gravedad en la víctima, identificada como L.D. El joven sufrió un trauma ocular severo con fractura del techo orbital derecho, daño muscular y desplazamiento óseo.

Los informes del Servicio Médico Legal calificaron las heridas como lesiones graves. A pesar de someterse a cuatro cirugías reconstructivas, el estudiante perdió parte de su visión de manera irreversible.

Otro elemento clave considerado por el tribunal fue la denegación de auxilio posterior al disparo. Según se estableció durante el proceso, el uniformado contaba con medios para asistir al estudiante, pero no lo hizo.

Además, el propio vehículo policial habría obstaculizado el acceso de una ambulancia al interior del campus, lo que retrasó la atención médica entre 15 y 30 minutos.

Un juicio que tardó casi una década

El proceso judicial para esclarecer los hechos se extendió durante cerca de nueve años. En un inicio, el fiscal a cargo decidió no presentar acusación formal, lo que llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a los querellantes —en representación de la víctima y de la universidad— a impulsar una acusación particular.

Tras diversas etapas judiciales, el juicio oral se realizó finalmente en febrero de 2024, instancia en la que el tribunal escuchó a la víctima, familiares, testigos presenciales y peritos, además de revisar abundante evidencia gráfica y audiovisual.

El veredicto concluyó que la actuación del oficial contravino los protocolos vigentes sobre uso de la fuerza y empleo de elementos disuasivos, estableciendo su responsabilidad penal en los delitos de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves y denegación de auxilio.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones, la condena queda ratificada, consolidando uno de los fallos judiciales más relevantes vinculados al uso excesivo de la fuerza policial durante protestas sociales en Chile.