Proyecto busca negar la nacionalidad chilena a hijos de extranjeros
La diputada Camila Musante presentó una reforma constitucional que elimina la nacionalidad automática por nacimiento en Chile, reemplazándola por el criterio de filiación con padres chilenos.
La Constitución señala que todo niño nacido en el territorio automáticamente es chileno / Foto (referencial): ARCHIVO
Camila Musante, diputada independiente dentro del pacto electoral Apruebo Dignidad, ingresó una propuesta de reforma constitucional que modifica el actual criterio para otorgar la nacionalidad chilena.
El proyecto busca reemplazar el principio de ius soli (derecho territorial) por el de ius sanguinis (derecho de sangre), estableciendo que sólo serán chilenos quienes tengan madre o padre chileno, sin importar el lugar de nacimiento.
Según explicó la parlamentaria, la iniciativa tiene como objetivo impedir que niñas y niños sean utilizados como medio para vulnerar la normativa migratoria. “Pretendemos evitar que se sigan utilizando a niños y niñas como un trampolín para evadir las leyes de migración”, señaló.
Musante destacó que esta modificación no sólo apunta a resguardar el sistema institucional, sino también a proteger a los menores involucrados. “Es un mecanismo de protección para la infancia y también para nuestras instituciones, en este caso, la nacionalidad”, sostuvo.
Cambio constitucional
El texto legal incluirá un artículo transitorio que dejará explícito que el nacimiento en territorio chileno no será considerado criterio suficiente para justificar procesos de reunificación familiar.
La diputada defendió la propuesta asegurando que se trata de un cambio necesario ante los desafíos migratorios actuales.
La legislación vigente contempla otras formas de obtener la nacionalidad, como la carta de nacionalización, pero el nacimiento en suelo chileno ha sido históricamente la forma más directa para acceder a ella.
Actualmente, la Constitución establece que son chilenos todos quienes nazcan en territorio nacional, salvo hijos de extranjeros en tránsito y aquellos que están en el país cumpliendo labores para su gobierno, pero pueden optar a la nacionalidad al cumplir 18 años, lo que ha dado lugar a casos complejos cuando las autoridades migratorias no reconocen residencia válida.
