Pena de muerte: palestinos en Chile rechazan ley israelí
La Comunidad Palestina de Chile criticó con dureza una norma aprobada en Israel que contempla la pena de muerte para prisioneros palestinos, advirtiendo efectos jurídicos y humanitarios.
Chile tiene la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe / Foto: ARCHIVO
Un fuerte cuestionamiento surgió desde Chile tras la reciente legislación impulsada en Israel, que habilita la pena capital para determinados casos vinculados a prisioneros palestinos. La Comunidad Palestina de Chile calificó la medida como un punto de inflexión en la política del Estado israelí.
Desde la organización señalaron que “esta legislación (…) no constituye un hecho aislado”, sino que responde a una línea normativa que, a su juicio, ha sido aplicada de manera focalizada sobre la población palestina. En esa línea, apuntaron que “resulta jurídicamente inaceptable que Israel pretenda ejercer jurisdicción penal” en territorios ocupados, lo que —afirman— contraviene estándares del derecho internacional.
El pronunciamiento también menciona zonas como Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, subrayando que la aplicación de esta normativa en dichos territorios carecería de legitimidad.
Alerta por “discriminación estructural”
La comunidad advierte que la incorporación de la pena de muerte profundiza un escenario de desigualdad legal. “Consolida un esquema de discriminación estructural”, indicaron, agregando que la medida podría “erosionar gravemente los estándares mínimos” de protección de derechos fundamentales.
Además, el documento plantea que “esta práctica configura una transgresión directa a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.
Llamado a Chile y reacción internacional
En su declaración, la Comunidad Palestina de Chile emplazó al Estado chileno a mantener una postura coherente con el derecho internacional. “Hacemos un llamado al Estado de Chile a actuar con coherencia y firmeza (…) evitando cualquier acción o acercamiento que pueda ser interpretado como una validación”, concluyeron.
La controversia también generó respuesta desde Naciones Unidas, cuyo organismo de derechos humanos calificó la normativa como “discriminatoria” y advirtió que su aplicación “violaría la prohibición del derecho internacional de imponer castigos crueles, inhumanos o degradantes”.
El debate se instala así en el plano internacional, con cuestionamientos que no sólo apuntan al contenido de la ley, sino también a sus implicancias en el sistema global de protección de los derechos humanos.
