Paralizan juicio por Dominga tras ofensiva del gobierno
El Tribunal Constitucional suspende procesos judiciales por disputa de competencias entre el Ejecutivo y los tribunales ambientales, lo que marca un hito en la pugna por el proyecto minero.
El conflicto sigue escalando en una disputa que mezcla decisiones técnicas, políticas y judiciales. Foto: ARCHIVO.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el gobierno respecto al caso Dominga. Tras el conflicto entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental, la decisión implica la suspensión inmediata de las causas que se tramitaban.
Las presentaciones estaban pendientes ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el tribunal ambiental de la zona.
La presentación fue ingresada el 23 de marzo por el Comité de Ministros. Allí se cuestionó que el fallo del tribunal ambiental vulnera competencias que recaen únicamente en el órgano ministerial. Esto, porque ordenaba al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga.
¿Acción dilatoria?
La empresa Andes Iron, a cargo del proyecto Dominga, criticó duramente la acción del gobierno, calificándola como “una nueva maniobra dilatoria”.
Según la firma, el fallo del Primer Tribunal Ambiental sólo exigía el cumplimiento de una sentencia ya firme, dictada en diciembre de 2024.
El argumento es que el Comité de Ministros agotó su rol al rechazar el proyecto. “Por lo tanto, ahora correspondería al SEA revisar su estatus y modificarlo a ‘aprobado’”, señala.
Gobierno defiende competencias
Desde el Ejecutivo recalcaron que el objetivo es “resguardar las atribuciones legales del Comité”. Recalcaron que el SEA no tiene facultades para reemplazar decisiones de esa instancia.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, afirmó que el Ejecutivo actúa “dentro del marco constitucional, para resguardar el Estado de derecho”.
En tanto, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC debe clarificar los límites entre las funciones judiciales y administrativas.
La resolución del TC, fechada el 15 de abril, concluyó que el requerimiento cumple con todos los requisitos legales, y decidió acogerlo a trámite.
Al mismo tiempo, determinó suspender de manera provisional los procesos judiciales, advirtiendo sobre un posible “daño irreparable” si continuaban en curso. La medida fue aprobada por mayoría en la Segunda Sala del tribunal. Dos ministros votaron en contra.
