La memoria es frágil: la matanza de la Escuela Santa María y otras masacres

“Benditas víctimas que bajaron, desde la pampa llenas de fe, y a su llegada lo que escucharon voz de metralla tan sólo fue” (“Canto a la Pampa”, Francisco Pezoa Véliz).

Los sucesos que culminaron en la trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, constituyeron unos de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno.

La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad y su fatal desenlace, le dieron una especial connotación al conflicto, además de afectar profundamente la actividad salitrera y de provocar un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa.

Aunque el movimiento obrero ya se había visto afectado por otros conflictos que culminaron en sangrientos incidentes, como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne en 1905, la singularidad que revistieron los hechos de 1907 le otorgó una relevancia que no tiene equivalencia.

Este suceso se convirtió en un símbolo de la lucha social y del «martirio» que caracterizó a la historia popular del siglo XX, además ser un referente para muchos intelectuales y artistas que lo transformaron en tema de estudio y de expresión estética que contribuyeron a preservar la cultura obrera en la memoria colectiva del país.

La historia de una ignominia

Pese a que desde principios de 1907, Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga salitrera propiamente tal, estalló el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, extendiéndose rápidamente a todo el cantón de San Antonio.

Cinco días después, una columna de más de dos mil obreros y sus familias caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus peticiones.

Con el correr de los días la situación se agravó. Mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron al movimiento huelguístico, todos los cantones salitreros se plegaron al paro y, periódicamente, nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad.

Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15 mil a 23 mil personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto, como la producción minera de toda la región, quedaran paralizadas por completo.

Por la fuerza, no la razón

El rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanudaran las labores, hizo que la intervención estatal ordenada por el Presidente Pedro Montt fuera confrontacional y no dialogante.

El ministro del Interior, Rafael Sotomayor, ordenó restringir las libertades de reunión e impedir por cualquier medio el arribo de nuevos obreros a Iquique -ya habían llegado entre 15 mil y 18 mil-.

El intendente Carlos Eastman decretó restricciones a la libertad de tránsito y ordenó a los huelguistas a abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenazando con aplicar la fuerza si era necesario.

Para entonces, el puerto ya se hallaba resguardado por una numerosa tropa de línea y tres buques de guerra.

Orden para la matanza

El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga de la Escuela Santa María. Ese 21 de diciembre, a las 13:00 horas, reunió en la Plaza Arturo Prat a todas las tropas de la ciudad, incluyendo a los marinos de la Armada.​ A las 14:30 horas, se señaló a los dirigentes de los trabajadores que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas.

Pese a las amenazas reiteradas, sólo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza. Así, a las 15:45 horas, Silva Renard ordenó a sus soldados disparar las ametralladoras y rifles contra la azotea de la Escuela (donde se encontraba el Comité Directivo de la huelga, conformado por los dirigentes José Briggs, Manuel Altamirano, Luis Olea Castillo, José Santos Morales, Nicanor Rodríguez, Ladislao Córdova y Sixto Rojas Acosta, entre otros), así como contra la multitud situada en la puerta de la Escuela y en los alrededores de la Plaza Manuel Montt.

La multitud, desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego mediante ametralladoras. En aquel momento las fuerzas del ejército entraron a la escuela y acribillaron a los trabajadores y a sus familias (niños, mujeres y hombres sin discriminar).

Entre lo oficial y la verdad

Las cifras oficiales entregadas por el Ejército y de las cuales se hicieron eco tanto el Gobierno como los periódicos, indican que los asesinados ascienden a 126 y los heridos a 135. La memoria social, por otro lado, habla de 2.200 a 3.600 víctimas, entre obreros, sus mujeres e hijos.

Esta última cifra es más coherente con el hecho de que en la Escuela Santa María y sus alrededores ya se habían instalado entre 15 mil y 18 mil obreros y sus familias, que se habían sumado al grupo inicial.

En todo caso, cabe señalar que aún no hay verdadera certeza sobre cuantas personas fueron asesinadas, muchas de ellas jamás fueron identificadas y de otras tantas se desconoce (hasta el día de hoy) su paradero.

La única certeza histórica es que no era la primera ni la última vez en que gobiernos y sus fuerzas reprimieran y asesinaran a trabajadores que se movilizaban por sus derechos.

Las masacres olvidadas

En junio pasado se cumplió el centenario de uno de los mayores crímenes masivos de nuestra historia, los cuales permanecen todavía desconocidos para la generalidad de los chilenos. Se trata de varias matanzas efectuadas por el Ejército en diversas oficinas salitreras de la provincia de Tarapacá a comienzos de junio de 1925. Ellas se efectuaron durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, una vez que volvió de su primer exilio y cuando -entre marzo y septiembre de ese año- rigió como virtual dictador, sin Congreso Nacional.

Ellas se hicieron en el contexto de una creciente represión a los sectores populares, que se habían “empoderado” con el colapso que estaba experimentando la república exclusivamente oligárquica que se había establecido en Chile luego de la guerra civil de 1891.

Particularmente, se había producido un fuerte conflicto social en el Norte Grande, como producto de la resistencia patronal a que los trabajadores se organizaran en sindicatos -en conformidad a las nuevas leyes sindicales y laborales de 1924- y de una ola de huelgas obreras que azotaban la región.

Así comenzó todo

En concreto, luego de confusos choques entre obreros salitreros, policías y administradores, en que resultaron muertos dos policías y un jefe de pulpería, los trabajadores se tomaron nueve oficinas salitreras. El Gobierno mandó al Ejército que efectuó una represión inmisericorde con cañones y ametralladoras, siendo la más bombardeada la Oficina La Coruña.

Según Carlos Charlín (“Del avión rojo a la República Socialista”), “las matanzas de obreros en La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror. Se hizo derroche sanguinario de lo que denominaban ‘medidas de escarmiento para rotos alzados’. En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros”.

Además, de acuerdo a Gonzalo Vial (“Historia de Chile; Tomo III”), luego de los bombardeos vino “una severísima represión, que dio origen a un término siniestro…, el ´palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo -cuando alcanzado por el tiro- le daban el aspecto de una paloma en vuelo”.

Y Carlos Vicuña Fuentes (“La Tiranía en Chile”) señaló que “los tenientes y capitanes, por saña y placer, fusilaron a mansalva hombres, mujeres y niños, en grupos, al montón, y después aisladamente a todo aquel a quien los pulperos señalaban como subversivo o rezongón. No dieron cuartel, no recogieron heridos, no perdonaron la vida a nadie, el que huía por las calicheras era alcanzado por las balas. A muchos infelices los hacían cavar sus propias fosas y los fusilaban enseguida, sin piedad alguna”.

Justificando el crimen

En cualquier caso, es seguro que en conjunto constituyen, por poco, la segunda peor masacre puntual de nuestra historia, después de la de Iquique; y que alcanza también el triste registro de ser una de las peores matanzas de la humanidad en tiempo de paz. Y al igual que en las matanzas obreras previas del siglo XX, el Gobierno, la oligarquía y los sectores medios las justificaron plenamente.

Alessandri y su ministro “de Guerra”, Carlos Ibáñez, le enviaron a su ejecutor, el general Florentino de La Guarda, sendos telegramas de felicitación. Así, el primero transcribió: “Agradezco a US., a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos” (El Mercurio; 09-06-1925).

Y el segundo congratuló a De La Guarda, “felicitando a US. Y a sus tropas por el éxito de las medidas y rápido restablecimiento orden público. Lamento la desgracia de tanto ciudadano, sin duda, gran parte inocentes. Espero continúe su obra, aplicando castigo máximo a cabecillas de la revuelta y aproveche ley marcial para sanear provincia de vicios, alcoholismo y juego principalmente” (El Mercurio; 08-06-1925).

La prensa oligárquica

A su vez, El Mercurio las justificó como producto “de la necia agitación comunista provocada en esa región hace pocos días” (10-06-1925).

Y La Nación llegó al extremo de señalar a propósito de ellas que “es ésta precisamente la más noble misión del ejército: asegurar la paz y la tranquilidad en el interior, porque a su sombra todos se encuentran garantidos y todos pueden ejercitar libremente sus derechos. Es su misión y es su deber” (11-6-1925).

Una distorsión histórica

Y, por cierto, el desconocimiento de los textos de Historia sobre estos hechos distorsiona profundamente la comprensión efectiva de nuestro siglo XX, tanto respecto de su más trascendente líder civil, Arturo Alessandri Palma, como de la significación de su obra más relevante: la Constitución de 1925.

Así, pasamos completamente por alto su mayor matanza; unido a la escasa relevancia que se le da a la masacre de San Gregorio (1921); al escamoteo del hecho de que la matanza de Ranquil (1934) significó la primera aplicación masiva en nuestro país (centenares de personas) de la desaparición forzada de personas, y a que muchas veces se ignora que él personalmente ordenó la masacre del Seguro Obrero en 1938.