Denuncian nuevas irregularidades con licencias médicas
Una auditoría de Contraloría General de la República detectó fallas graves en el control y recuperación de recursos por licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins y el hospital de Rengo.
El caso vuelve a cuestionar el uso de licencias médicas en el sector público. Foto: ARCHIVO
Un informe de la Contraloría General de la República en O’Higgins encendió las alarmas en el sistema público de salud de la región. El estudio reveló deficiencias relevantes en los mecanismos de control, seguimiento y restitución de recursos asociados a licencias médicas.
En definitiva, los casos se presentaron en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y en el hospital Ricardo Valenzuela Sáez, de Rengo.
El organismo fiscalizador advirtió que las entidades no gestionaron adecuadamente la recuperación de dineros vinculados a licencias rechazadas o reducidas, incumpliendo la normativa vigente.
Frente al escenario, se instruyó que, en un plazo máximo de 60 días hábiles, se acrediten las acciones de restitución de los montos observados.
Ausentismo prolongado
La auditoría también puso foco en el ausentismo laboral de larga duración. Según el informe, 48 funcionarios del SSO y 63 del hospital de Rengo registraron licencias médicas iguales o superiores a 180 días,. Esto generó un gasto aproximado de 694 millones de pesos en el servicio y más de 770 millones en el recinto hospitalario.
En paralelo, el análisis de una muestra representativa -una licencia por funcionario- evidenció pagos por remuneraciones y reemplazos. Estos superaron los 253 millones en el Servicio de Salud y unos 390 millones en el hospital.
A raíz de los hallazgos, la Contraloría ordenó al SSO iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El inicio del proceso deberá informarse a la Fiscalía del organismo dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe.
Asimismo, todos los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales orientadas a la recuperación de los recursos públicos.
