Contraloría detecta graves fallas en televigilancia municipal
Una serie de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República de Chile detectó múltiples deficiencias en la gestión de seguridad pública en doce municipios del país, ocho en la Región Metropolitana y cuatro en la Región del Biobío.
Las cámaras fuera de operatividad afectan a las investigaciones policiales / Foto: ARCHIVO
Los hallazgos quedaron consignados en doce informes elaborados por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades y la Contraloría Regional del Biobío. Entre las principales observaciones se identificaron cámaras de televigilancia inoperativas, falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad, incumplimiento de recomendaciones de Carabineros de Chile, irregularidades en licitaciones y ausencia de sanciones frente a incumplimientos contractuales.
Ante estas situaciones, el organismo fiscalizador instruyó la adopción de medidas correctivas, regularización de procedimientos administrativos y la apertura de sumarios en varios municipios.
Televigilancia con fallas y equipos sin control
Uno de los casos más relevantes se detectó en el municipio de San Joaquín, donde el sistema de televigilancia presenta múltiples deficiencias operativas.
El informe reveló que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023–2027. Además, un dron municipal fue utilizado en 31 oportunidades sin contar con la autorización de la autoridad aeronáutica.
A ello se suman siete cámaras fuera de servicio durante meses —algunas por más de un año— y doce cámaras lectoras de patentes que no estaban conectadas al sistema nacional de encargo y búsqueda de vehículos.
En la comuna de San Bernardo, la auditoría detectó tablets extraviadas o sin uso, vehículos de seguridad fuera de operación y ausencia de patrullajes preventivos permanentes.
Además, se identificó que no se aplicaron multas asociadas a una licitación y que el Plan Comunal de Seguridad Pública carecía de seguimiento efectivo.
En Lo Prado, la Contraloría advirtió que el municipio no remitió el Plan Comunal de Seguridad a las autoridades correspondientes. También se detectaron licitaciones adjudicadas con certificados sin firma ni fecha y contrataciones directas sin respaldo técnico ni especificaciones.
Licitaciones cuestionadas y multas omitidas
Otra irregularidad relevante se registró en Alhué, donde el proceso de compra de cámaras de televigilancia financiado con recursos regionales presentó inconsistencias en la asignación de puntajes.
El informe constató que la empresa adjudicada tenía la oferta más costosa y que no existía respaldo suficiente para justificar los criterios de evaluación.
Asimismo, no se acreditaron mantenciones comprometidas ni se aplicaron sanciones por incumplimientos.
Problemas en control territorial y equipamiento
En comunas como Lo Espejo y La Cisterna también se detectaron debilidades estructurales.
En el primer caso, el municipio no cuenta con ordenanzas para regular el comercio ambulante ni con procedimientos para recuperar espacios públicos ocupados. En el segundo, la auditoría evidenció motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento, vehículos sin revisión técnica vigente y ausencia de registros actualizados sobre delitos en la comuna.
Cámaras fuera de servicio por meses
La revisión también alcanzó a Maipú, donde 29 cámaras de seguridad permanecieron fuera de funcionamiento durante distintos períodos de 2024, incluyendo un dispositivo que acumuló 302 días sin operar.
En San Miguel, en tanto, se detectó la entrega de permisos precarios para comercio ambulante sin cumplir requisitos normativos, además de inconsistencias entre los registros de GPS de vehículos de seguridad y sus bitácoras operativas.
Deficiencias también en el Biobío
Las auditorías también revelaron problemas relevantes en la Región del Biobío. En Concepción, sólo el 55% de las cámaras está conectado al sistema Cenco de Carabineros de Chile, lo que limita la capacidad de apoyo a investigaciones policiales.
Además, varias cámaras permanecen fuera de servicio y dispositivos destinados a detectar vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024.
En Tomé, el informe detectó que cada operador debe monitorear en promedio 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado por la policía.
A su vez, en Coronel existe sólo un operador por turno encargado de supervisar 132 cámaras, mientras que en Talcahuano la situación es aún más crítica: de las 64 cámaras instaladas, 50 estaban fuera de servicio, varias de ellas por más de un año.
Impacto en investigaciones
La falta de operatividad de los sistemas también ha afectado procesos investigativos. En Talcahuano, por ejemplo, de 106 solicitudes de revisión de grabaciones realizadas por policías y tribunales entre 2023 y 2025, en 65 casos no se obtuvo material útil debido a fallas técnicas o cámaras inoperativas.
Ante este panorama, la Contraloría instruyó a los municipios corregir las deficiencias detectadas, fortalecer los controles administrativos y asegurar el funcionamiento efectivo de los sistemas de televigilancia destinados a la prevención del delito.
