Conservador de Santiago deberá pagar $335 millones por grave error

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en forma unánime condenar al Conservador de Bienes Raíces de la capital a indemnizar con más de $335 millones al propietario de un inmueble, luego de eliminar arbitrariamente una inscripción de dominio válida.

La acción fue calificada como ilegal y contraria a los principios que rigen su función, lo que motivó revertir una sentencia previa del 26° Juzgado Civil que había rechazado la demanda.

Según detalló la Tercera Sala, la eliminación del registro no tuvo respaldo ni en resoluciones judiciales ni en actos administrativos fundados, lo que constituye una vulneración a los principios de legalidad e inalterabilidad del sistema registral chileno.

Indemnización por daños directos y lucro cesante

El tribunal estableció que la víctima debía recibir 5.500 UF (equivalente a $216 millones) por daño emergente y otros $119 millones por lucro cesante, argumentando que se le impidió explotar económicamente el inmueble afectado. Esta compensación, indicaron los jueces, será reajustada e incluirá intereses legales.

Además, el fallo destacó que la negativa injustificada del Conservador constituye una fuente directa de responsabilidad, al impedir la consolidación de un derecho real ya adquirido legalmente.

Reafirmación del principio de inalterabilidad registral

El fallo sienta un precedente relevante, recordando que los conservadores no pueden modificar registros sin autorización legal. “La actuación fue arbitraria e incompatible con la función conservatoria”, se lee en la resolución, que resalta el deber de proteger los derechos inscritos como garantía de seguridad jurídica para todos los ciudadanos.

Impacto en la confianza del sistema registral

El fallo también pone en entredicho la confianza ciudadana en el sistema de registro de propiedades, considerado una de las principales garantías para la seguridad jurídica en Chile.

Expertos en derecho civil han advertido que errores como el cometido por el Conservador pueden generar efectos graves, no sólo en el patrimonio de las personas, sino también en la credibilidad institucional de quienes resguardan estos derechos.