Ley de funerales de alto riesgo evita incidentes en la capital
Tras dos meses de implementación, la normativa permitió eliminar alteraciones al orden público en velorios vinculados al crimen organizado.
Ningún funeral considerado de riesgo se salió de la norma en estos dos meses / Foto (referencial): ARCHIVO
Con un enfoque preventivo y articulado entre autoridades y fuerzas policiales, la Región Metropolitana reportó un impacto positivo tras la puesta en marcha de la Ley de Funerales de Riesgo, vigente desde el 28 de mayo de 2025.
En total, se activaron 75 alertas por fallecimientos que podrían derivar en ceremonias conflictivas, de las cuales 25 fueron categorizadas como de riesgo real.
Los casos intervenidos lograron desarrollarse sin interrupciones en los barrios ni riesgos para la comunidad, destacando la ausencia total de disparos, cierres de calles o alteraciones a servicios esenciales.
Alta efectividad ante casos con armas involucradas
El 96% de los funerales calificados como de riesgo presentó vínculos con armas de fuego. Todos los fallecidos tenían antecedentes penales, siendo el caso de Gonzalo Echaniz, alias «Chuck Norris», uno de los más emblemáticos. Pese a su historial ligado al narcotráfico, su funeral se desarrolló bajo control total, sin incidentes, gracias a la estrategia anticipada.
Menos carabineros desplegados
El delegado presidencial Gonzalo Durán explicó que la correcta planificación ha permitido optimizar recursos, disminuyendo incluso la cantidad de personal policial requerido por operativo. Esto ha permitido redirigir fuerzas hacia zonas que presentan mayor demanda delictual.
Anticipación y coordinación interinstitucional
La general Karina Soza remarcó que el trabajo conjunto entre Carabineros, la Fiscalía, la PDI y Seguridad Pública ha sido determinante para el éxito del plan. «Hemos logrado aislar los funerales de riesgo de su potencial impacto en la ciudadanía», afirmó.
En perspectiva, la normativa ha marcado un antes y un después en la forma de enfrentar ceremonias que históricamente alteraban el orden público y la seguridad en distintos sectores de la capital. Las autoridades evalúan replicar el modelo en otras regiones del país.
