Carabinero denuncia acoso tras burla con IA en su unidad
El mayor Felipe Barraza acusa hostigamientos por su físico, incluyendo una caricatura generada con inteligencia artificial y difundida en grupos policiales. Inició acciones legales bajo la Ley Karin.
El mayor de Carabineros Felipe Barraza enfrenta un complejo proceso personal y profesional tras denunciar una serie de situaciones de acoso laboral, incluyendo ataques contra su imagen física en espacios institucionales. Según su testimonio, fue víctima de burlas reiteradas de parte de colegas y superiores mientras ejercía como comisario en Vicuña, lo que derivó en una licencia médica extendida y un sumario que podría afectar su permanencia en la institución.
El uniformado, que recientemente obtuvo el título de abogado, solicitó autorización para comenzar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, lo que finalmente hizo mientras aguardaba la respuesta formal. El caso se complicó luego de una denuncia anónima que lo acusó de trabajar estando con licencia médica, a pesar de que, según la ley, esta práctica no configura vínculo laboral.
Acoso con tecnología
Uno de los episodios más graves relatados por el mayor Barraza ocurrió en una reunión entre comisarios y jefes de la PDI regional, donde fue objeto de burlas por su sobrepeso. Según su denuncia, los comentarios ofensivos incluyeron frases como “podría usar el mantel como chaqueta”. La humillación escaló cuando un funcionario generó una imagen caricaturesca suya mediante inteligencia artificial, la que fue viralizada en grupos de WhatsApp institucionales y expuesta incluso ante altos mandos.
A raíz del impacto emocional, el carabinero recibió una licencia médica por 10 días, posteriormente extendida a un mes por recomendación psiquiátrica. Según el diagnóstico, mantenerse activo en su práctica jurídica era parte del tratamiento para su recuperación emocional.
Denuncia bajo la Ley Karin
Barraza presentó una denuncia formal por acoso laboral bajo el amparo de la Ley Karin, que protege a trabajadores de conductas de hostigamiento en el entorno laboral. Sin embargo, según ha declarado, en tres meses sólo se ha tomado una declaración, lo que refleja -a su juicio- una falta de voluntad real para abordar los hechos de fondo.
La institución, consultada por el caso, optó por no emitir declaraciones oficiales. En paralelo, el sumario interno continúa, y la situación deja en evidencia las dificultades para enfrentar el acoso laboral dentro de cuerpos policiales, incluso en contextos donde la tecnología amplifica el daño emocional.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de protocolos efectivos contra el hostigamiento y un seguimiento riguroso a las denuncias presentadas bajo la Ley Karin, que busca resguardar la dignidad de trabajadores del sector público y privado.
