Avanza ley que regula pagos a abogados en casos de narcotráfico
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece restricciones al pago en efectivo para abogados que representen imputados por narcotráfico, terrorismo o asociación criminal.
Los abogados que no cumplan con la norma serán suspendidos / Foto (referencial): ARCHIVO
La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a una iniciativa legal que busca impedir pagos en efectivo a profesionales que defiendan a personas vinculadas a delitos como tráfico de drogas, actos terroristas o asociación ilícita. El objetivo es garantizar la trazabilidad del dinero y evitar el uso de fondos de procedencia ilícita.
El proyecto fue aprobado sin votos en contra y ahora será revisado por el Senado. La propuesta obliga a que los honorarios se cancelen mediante mecanismos formales como transferencia bancaria, cheque nominativo, vale vista o tarjetas, dejando fuera el uso de efectivo en estos casos específicos.
Obligación de informar
Uno de los puntos clave de la iniciativa es que los abogados deberán justificar ante el tribunal correspondiente la forma de pago recibida, ya sea actuando de forma individual, como parte de una sociedad o empresa.
Además, se incorpora la obligación de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que refuerza el rol preventivo del sistema judicial en la lucha contra el lavado de activos. Este artículo fue votado por separado y obtuvo 109 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.
Suspensión para quienes infrinjan la norma
El proyecto también contempla sanciones para los abogados que incumplan estas obligaciones: podrán ser suspendidos del ejercicio profesional por un período de seis meses a un año.
Cabe destacar que estas sanciones no aplicarán a los defensores pertenecientes a la Defensoría Penal Pública, ya que sus funciones se rigen por una normativa distinta y se financian con recursos del Estado.
La iniciativa busca cerrar posibles brechas que faciliten el uso de dinero de origen ilícito en procesos judiciales y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia en el ejercicio de la defensa penal en causas de alta complejidad.
