Columna de Pedro Lira: La deuda deportiva en Chile

En el mundo actual, todas las materias que cruzan el desenvolvimiento y desarrollo de un país cuentan con una política pública. El deporte tiene una, pero que es necesario e ineludible de mejorar y para ello se está preparando la tercera versión, que marcará el devenir del sector a partir de 2026.

Por PEDRO LIRA BIANCHI / Foto: ARCHIVO

El viernes 23 pasado, el Ministerio del Deporte (Mindep), a través de redes sociales, dio inicio públicamente al trabajo de recoger información desde la ciudadanía tanto para evaluar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 al 2025, como para tener materia prima con el propósito de construir la política pública para los próximos 12 años, desde el 2026 al 2037.

Este hecho corrobora lo que comunicó en junio pasado la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, como parte de la Cuenta Pública del Mindep respecto al 2023. La autoridad explicó allí, en el Estadio Nacional, que uno de los desafíos de la cartera de proyectos que le corresponde a la institucionalidad pública es evaluar lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer en los últimos 10 años, además de dejar como legado la Política Nacional del Deporte que regirá en Chile a partir del 2026.

Éste no es un tema menor. Al contrario. En el mundo actual, todas las materias que cruzan el desenvolvimiento y desarrollo de un país, cuentan con una política pública. Algunos ejemplos: en Chile hay una Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, como también una Política Nacional de Minería, Agricultura o de Investigación y Ciencias.

La actividad física y el deporte y, como parte de ello, la educación física, también ha contado en Chile, desde el 2001, con esta herramienta estratégica para construir y desarrollar un sector productivo-social de alta relevancia.

Ello es así porque la actividad física, la educación física y el deporte están conectados directamente con la calidad de vida de la población, como también con los logros deportivos de las selecciones chilenas en todas las categorías y no sólo en los Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos. Esta es la razón de fondo para que el deporte sea un derecho constitucional en más de 100 países del mundo. En Chile no lo es.

Lo que se está empezando a elaborar ahora es la tercera versión de una Política Nacional. La primera se produjo en el 2001, bajo la dirección de Arturo Salah, subsecretario del Deporte en aquel entonces, cuando dejó de existir la Dirección General del Deporte (Digeder) y se creó el Instituto Nacional de Deportes (IND), también conocido como Chiledeportes.

Esa herramienta fue positiva porque marcó un punto referencial, pero tuvo tres falencias: se construyó con diálogos participativos, ciudadanos y técnicos, pero en sólo de ocho de las 13 regiones existentes entonces; no contó con su plan estratégico, pieza elemental para concretar y aterrizar los lineamientos generales de la política, y nunca se evaluó para saber si se avanzó en comunidad hacia uno o varios puertos o nos quedamos navegando en círculo.

La segunda Política Nacional se presentó al país en el 2016, en el período de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue producto de la creación del Ministerio del Deporte en agosto del 2013, cuando era ministro Gabriel Ruiz-Tagle, ministerio nuevo que tenía como una de sus funciones vitales el construir una Política Nacional para el sector.

Esa obra se inició en 2015 muy proactivamente: primero, participaron en su levantamiento al menos 15 mil personas contabilizadas en más de 220 diálogos ciudadanos en las 15 regiones del momento (faltaba la de Ñuble); segundo, se aprobó su contenido por la Presidenta Bachelet, quien firmó y creó mediante el Decreto Supremo N° 31 el Comité Interministerial para trabajar un amplio tema que requiere de una fina y constante labor intersectorial; tercero, se construyó también en forma participativa el correspondiente plan estratégico decenal 2016-2025. Sin embargo, hay deudas pendientes: el Comité Interministerial no funcionó porque se citó en una sola ocasión, en 2017, y porque la evaluación que se debía hacer al quinto año, en 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera y siendo ministra del Deporte Cecilia Pérez, nunca se ejecutó.

Por ello, en el programa de gobierno de Gabriel Boric se indica en el punto 7 de 23 temas, que la Política Nacional del Deporte se actualizará en su período. La realidad actual, para hacer el trabajo en forma completa, precisa que por no haber sido evaluada a tiempo, esa medición de lo hecho en el pasado se hará en el 2024 y, paralelamente, se pedirá la opinión a la ciudadanía en forma online, como también presencialmente, a través de 150 diálogos en terreno en las 16 regiones de Chile.

En concreto, se pretende analizar lo realizado como las prioridades de lo que viene.

Lo que se plantee para el futuro no será del todo novedoso. Es probable que como temas centrales aparezcan dos vertientes: primero, lo que se denomina como deporte de participación social, que debiera permitirles a todos y todas en Chile a ejercer el derecho al movimiento corporal realizando actividad física no laboralmente, sino en torno al deporte, y, segundo, desarrollar el deporte de competición y de alto rendimiento, el que representa a Chile en lo internacional, desde las selecciones escolares hasta las selecciones adultas en los Juegos Olímpicos.

El desafío es inmenso y transversal, no tiene colores políticos; es el derecho que tenemos todos en Chile de practicar una actividad que redunda en desarrollar en forma constante una vida mejor y más saludable.

Para ello, el Estado y el sector privado pueden y deben actuar en conjunto, invirtiendo estratégica y planificadamente. Tenemos que tener muy presente que en Chile, actualmente, las encuestas nos dicen que entre el 65 y el 70 por ciento de la población es sedentaria y no activa deportivamente, incluyendo en esa pandemia de la inactividad el que cerca del 45% de niñas y niños menores de 10 años son obesos. A trabajar entonces para paliar las deudas pendientes.